La gobernadora María Eugenia Vidal publicó en el Boletín Oficial la promulgación de la reforma del procedimiento del fuero laboral y su competencia, que fuera aprobada hace poco más de un mes en la Legislatura bonaerense.

Desde el Ejecutivo señalaron que la nueva normativa garantizará juicios más rápidos y menos costosos para el Estado, y habilita los tribunales unipersonales y no de tres, como hasta ahora.

Desde el inicio del proyecto se le realizaron en el Senado más de 60 modificaciones y durante el tratamiento en Diputados, Unidad Ciudadana-FpV denunció que se aprobó de manera “exprés” sin paso por comisión.

“Cuando plantean desde el Ejecutivo estos proyectos los venden con bombos y platillos. Nosotros como bloque pedimos que la votación sea nominal y a viva vos”, reclamó Susana González (UC-FpV).

No obstante, la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) rechazó al advertir que la nueva ley de procedimiento “agravará” los problemas que afronta esa jurisdicción “haciendo los procesos más lentos y engorrosos”.

Para el gremio, la iniciativa elimina los Tribunales del Trabajo y crea un sistema de doble instancia similar al existente en la Justicia Nacional del Trabajo.

“Este sistema no sólo no resolverá los problemas que actualmente presenta el fuero del trabajo, sino que previsiblemente los agravará, extendiendo el plazo de resolución de los litigios”, indicaron desde la AJB.

“Desde hace muchos años el funcionamiento del fuero laboral presenta serios problemas: procesos que se prolongan durante años, falta de integración de los tribunales por la demora en la designación de jueces, vacantes en la planta administrativa y de funcionarios cuya cobertura se posterga indefinidamente, infraestructura obsoleta y deficiente, e imposibilidad de las asesorías periciales y del sistema público de salud en general para responder adecuadamente a las demandas que surgen de los reclamos laborales en trámite ante los Tribunales de Trabajo”, añadieron.

“Estos problemas se agravan ante una cantidad creciente de reclamos laborales, que han pasado de alrededor de 46.218 causas en 2007 a un máximo de 91.215 en 2017, sin que este aumento haya sido acompañado por la asignación de mayores recursos por parte del Poder Ejecutivo y la Suprema Corte de la Provincia”, indicaron.

“Lamentablemente, la reforma aprobada por la Legislatura estará lejos de resolver estas cuestiones”, concluyeron.