Pese a los anuncios sobre allanamientos se enfrió la investigación por los saqueos

Pese a los anuncios sobre allanamientos se enfrió la investigación por los saqueos
En el ámbito judicial de Bariloche el comentario es generalizado ya que pese a los reiterados anuncios sobre la reproducción de los allanamientos en el marco de la investigación por los saqueos, la realidad indica que muchos de los integrantes de un gabinete especial para analizar el material y las denuncias anónimas recibidas, están de vacaciones.

Aunque reiteradamente se informa sobre la realización de nuevos allanamientos en el marco de la investigación por los saqueos ocurridos el pasado 20 de diciembre en la ciudad, fue imposible obtener precisiones sobre el total de las personas involucradas. Estimativamente, se han concretado unas sesenta pesquisas en domicilios particulares y la mayoría de las mismas arrojó resultados positivos y aunque en la mayoría de los casos se recuperó alimentos y mercaderías en general, son pocos los artículos de electrónica que lograron secuestrarse.

Días después de los violentos hechos, se había conformado un cónclave de autoridades que realizaban tareas de investigación en el edificio del Escuadrón 34 de Gendarmería Nacional, tal como se anunció. Sin embargo, con el inicio de la feria Judicial de verano, el fiscal Eduardo Fernández comenzó sus vacaciones y tras él, según se supo, la gran mayoría de los efectivos policiales que integraban ese comité, también comenzaron a gozar de sus licencias anuales.

Como resultado de ello, la investigación quedó casi paralizada, aunque se siguen concretando medidas pendientes que habían sido requeridas oportunamente. A tal punto que dos personas que poseen pedido de captura, no han podido ser halladas hasta el momento y a ciencia cierta, nadie sabe si están siendo buscados.

A pesar de que hasta el momento solo hay cinco personas detenidas -Miguel Angel Mansilla, José Ramón Paredes, Delia Linares, Haydee Grande y Giselle Poblete-, serían más de cincuenta las personas imputadas por los hechos delictivos y además de los más de sesenta allanamientos practicados, se han secuestrado alrededor de unos treinta vehículos particulares que fueron utilizados para el traslado de mercadería.

En tanto que entre las diversas medidas pendientes, resta satisfacer el pedido que eventualmente había presentado el fiscal Fernández, respecto de los motivos que llevaron al suspendido intendente Omar Goye, a pagarle a los integrantes de las cooperativas, unos cien mil pesos.

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