Ayer en el Centro Cívico los empleados de los juzgados de Faltas cerraron las puertas de las dependencias y no atendieron al público entre las 7 y las 12 del mediodía, generando una serie de inconvenientes a las personas que concurrían a solucionar los problemas derivados de incurrir en contravenciones.

En el interior de las oficinas, los 18 empleados de planta mantenían la guardia para que el paro se llevara a cabo, mientras que los pasantes y policías que trabajan en esas oficinas, realizaban trabajos internos sin atención al público.

En el medio de la protesta, el delegado gremial de la UPCN, Marcelo Oro, reiteró que el reclamo “es para que se cumpla la Ley 7819 que en su artículo 21 dice que el 20 por ciento de lo que recaudan los Tribunales de Faltas, debe ser utilizado en gastos de los juzgados y en su personal”.

Oro recordó que “tuvimos una audiencia conciliatoria donde el gobierno no dio respuestas y por eso quedamos en libertad de acción y realizamos los paros hasta que nos den una solución”.

Desde la Secretaría de Gobierno y Justicia, de donde dependen directamente los empleados en conflicto, Guillermo Leonardi dejó absolutamente en claro que “no existe hasta este momento, una decisión política de distribuir parte de lo recaudado entre el personal del Tribunal de Faltas”.

De todos modos dijo que “esto no implica que no vaya a haber una solución al conflicto porque todo en algún momento se termina y los conflictos siempre terminan porque no existen conflictos eternos, sólo que deberá ser de otra manera, porque no hay decisión política hoy, de distribuir lo recaudado”.

Ante una pregunta, Leonardi tampoco compartió el criterio de pasar esos trabajadores al ámbito de la Justicia al decir “que pasen a formar parte del Poder Judicial no es posible y no tiene sentido, porque los juzgados de faltas pertenecen al Poder Ejecutivo y por lo tanto los empleados también forman parte de la planta del Poder Ejecutivo”.

El funcionario aclaró que a su criterio “no corresponde porque es otro poder y para pasar los empleados al Poder Judicial, primero habría que pasar todos los Juzgados de Faltas al Poder Judicial y eso es imposible, porque esto es una facultad esencialmente del gobernador que ha sido delegada a través de la Constitución, en jueces”.

Dijo que “se trata d el ejercicio del poder de policía del estado y el poder sancionatorio que tiene el estado para quienes cometen contravenciones, que es algo que pertenece al ámbito del Poder Ejecutivo y está en mano de jueces administrativos de faltas” y aseguró que “no está en discusión este punto”.

Finalmente Leonardi reconoció que “desde que la Ley 7819 entró en vigencia hay poco mas de un millón de pesos de multas cobradas que no se han usado y que forman parte de una reserva que el gobierno decidió hacer” y reiteró que “no hay una decisión política de entregar ese dinero a los empleados”.