Carlos Carrizo Salvadores, Mario Nakagama y Jorge Ezequiel Acosta fueron condenados ayer a la máxima pena (prisión perpetua), que deberán cumplir en celda común, luego de haber sido hallados culpables de haber cometido delitos de lesa humanidad en la denominada “Masacre de Capilla del Rosario”.

Los tres militares fueron declarados responsables de cometer “homicidio calificado doblemente agravado por alevosía y concurso de dos o más personas en concurso real”, por la muerte de los 16 guerrilleros del ERP, que fueron sorprendidos en Capilla del Rosario tras una redada llevada a cabo por cerca de 200 efectivos del Ejército y la policía provincial, que bajo las órdenes de los imputados, dispararon a quemarropa a los jóvenes rebeldes.

Cerca de las 11 de la mañana, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal dio a conocer el veredicto que condenó a prisión perpetua a los acusados, en medio de una gran concurrencia de público, entre los que se hicieron presentes algunos de los sobrevivientes de la masacre -que oportunamente prestaron su testimonio en la sala de audiencias- y representantes de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, quienes acompañados por miembros locales de asociaciones de Derechos Humanos, expresaron su alegría por el fallo dictado con aplausos y gritos de festejo y regocijo, por el resultado obtenido luego de tantos años de lucha y trabajo.

Las expresiones de felicidad, sin embargo, se contrapusieron por momentos con las reacciones de los familiares de los imputados, quienes, también presentes en la sala, se retiraron en silencio. Los condenados Nakagama y Carrizo Salvadores, pasarán el resto de sus días en el Penal de Miraflores, según lo dispuesto por el Tribunal, y Acosta hará lo propio en la cárcel de Bouwer, en Córdoba.

“Nunca más”

Ramón Pablo Videla, quien formó parte del grupo del ERP, pero que se retiró antes de que éstos sean encontrados por el Ejército y ultimados, manifestó después del dictamen que “esto sentará precedente en Argentina, porque después de esto, no creo que miembros de las Fuerzas Armadas, quieran matar a sus conciudadanos, que es lo que ellos hicieron en Capilla del Rosario”.

A su vez, el abogado querellante por los Derechos Humanos, Guillermo Díaz Martínez, puso énfasis en que “éste es el resultado de casi 10 años de trabajo en este proceso; veníamos sosteniendo lo que finalmente quedó acreditado de manera cabal en estas audiencias: luego de haberse rendido, fueron fusilados por el Ejército Argentino. Dos colimbas que presenciaron los fusilamientos lo atestiguaron y se acreditó el plan de exterminio, asesinaron a los abogados que intervinieron, así como gente que se solidarizó con ellos y fue perseguida en el marco de un plan sistemático de violación a los Derechos Humanos”.