La presencia de pozos de agua paralizados en el interior de la provincia despertó interrogantes sobre los mecanismos que utiliza el Estado para que cada excavación no termine representando una pérdida de dinero. La duda llegó incluso al ámbito de la Justicia federal, que intenta determinar -entre otros asuntos- quién autorizó a ejecutar algunas obras del plan Más Cerca en Tucumán.

El 9 de marzo un informe de LA GACETA reveló la existencia de un pozo cerrado y abandonado en El Timbó. El ministro del Interior, Osvaldo Jaldo, explicó que la excavación sólo encontró agua salada, no apta para el consumo humano, y agregó que no había posibilidad de saberlo si no se perforaba (la obra costó $ 2 millones, que ya están pagados). Los trabajadores del Departamento de Perforaciones de la Provincia no coinciden con esa apreciación: aseguraron que sabían que las napas de El Timbó eran saladas, ya que los geólogos de la repartición habían elaborado informes que lo advertían. Ellos mismos, sostienen, intentaron obtener dos veces agua potable en el lugar, con resultados negativos. El domingo, este diario dio a conocer que en Concepción hay otros tres pozos cerrados, en zonas donde los vecinos -aseguran- beben agua contaminada con mercurio.

Investigación judicial

En abril de 2013, la senadora Silvia Elías de Pérez inició una demanda por presuntas irregularidades en obras de cloacas del plan Más Cerca. La causa viró hacia la investigación sobre las perforaciones de pozos, especialmente sobre las aprobaciones previas (factibilidad técnica) requeridas para su ejecución. El fiscal Carlos Brito pidió al Ente único de control y Regulación de los Servicios Públicos (Ersept) que remita copia de las factibilidades que otorgó para las 125 obras proyectadas. El organismo sólo envió cinco. Fuentes vinculadas a la causa aseguraron que el silencio del Ersept sobre las otras 120 obras es difícil de interpretar: no se sabe si las autorizaciones para ejecutar existen, si hay estudios previos, y si estos son positivos o negativos.

Controversia

Sergio Sánchez, titular del Ersept, sostuvo en diálogo con LA GACETA que las factibilidades que no se enviaron a la Justicia sí existen, aunque admitió que está en discusión la validez de cada una. Fueron realizadas por el Sepapys (Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento), pero no está claro si son suficientes, aseguró.

“Hay una discusión de competencias entre ambos organismos. Ellos (por el Sepapys) interpretaron que estaban habilitados para autorizar las obras, y el Ministerio del Interior consideró válidos esos informes. Cuando nos presentamos a explicar que éramos nosotros quienes debíamos dar la factibilidad, se regularizó la situación”, detalló Sánchez.

El administrador del ente reconoce que cavar pozos sin tener la factibilidad es un procedimiento que el organismo no puede controlar. “No tenemos los mecanismos ni los recursos humanos para recorrer la provincia. Si alguien hace un pozo irregular y lo conecta al sistema de la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT) son ellos los responsables de avisarnos”, aseguró.

En abril de 2013 la senadora Silvia Elías de Pérez (UCR) denunció que 12 obras de cloacas, presupuestadas en el plan Más Cerca, ya estaban hechas. Tras la demanda, nueve de ellas fueron trasladadas a otros puntos de la ciudad, manteniendo los presupuestos, aseguró la opositora. En el marco de esa causa, el fiscal Carlos Brito comenzó a investigar la ejecución de los pozos.