El actual fiscal general para delitos de lesa humanidad es el candidato para ocupar el cargo que dejó vacante Fernando Romano luego de jubilarse. La carrera de uno de los penalistas más prestigiosos del país.
Palermo, si es aprobado por el Senado, ocupará el lugar que dejó vacante Fernando Romano, quien se jubiló.
Se trata de un magistrado de alto prestigio en la provincia y que goza de la extrema confianza del Gobernador para ese cargo. Ese vínculo se reforzó cuando Pérez eligió a Romina Ronda -brazo derecho de Palermo en la fiscalía federal- para ocupar la Subsecretaría de Justicia. De ese episodio salió malherido el actual juez de la Corte y ex ministro de Gobierno, Mario Adaro, quien deseaba ubicar allí a alguien con un perfil más político. Sin embargo, Palermo recomendó a Ronda por su capacidad para ese puesto.
Palermo se inció en la carrera judicial como fiscal de Instrucción en San Martín; luego fue juez de Instrucción de la Primera Crincunscripción Judicial y de allí ascendió para integrar la Tercera Cámara del Crimen.
Se recibió de abogado en la Universidad Nacional de Córdoba e hizo su especialización en derecho penal en la Universidad del Litoral.
A nivel académico, es reconocido como uno de los penalistas más importante del país. Realizó un doctorado en la Universidad Pompeu Fabra, de Barcelona, y entre las personas presentes el día que defendió su tesis estaba la ex ministro de la Corte, Aída Kemelmajer de Carlucci.
Se lo considera un discípulo de Jesús María Silva Sánchez, uno de los catedráticos en derecho penal más importantes del mundo. Su cruce a la Justicia Federal, para impulsar las causas contra los represores que operaron en Mendoza le terminó de dar protagonismo.
Es titular de la cátedra de Derecho Penal de la Universidad Nacional de Cuyo y dirige la mestría en Derecho Penal que dicta esa casa de estudio junto con la Pomeu Fabra.
Mantuvo algunos cruces incialmente con el juez Walter Bento por el tratamiento de las causas que lo tenía como fiscal, aunque esas asperezas parecieron limarse cuando ambos se encontraron en la investigación contra los ex camaristas federales Luis Miret y Otilio Romano, ambos acusados de delitos de lesa humanidad. Los dos fueron amenazados de muerte por Romano y a los dos tuvieron que ponerles custodia.
Su oficina fue precisamente la que investigó y promovió las acciones penales contra los cómplices civiles de la última dictadura militar que actuaron en la Justicia Federal de Mendoza. Y esos datos fueron también utilizados por el Consejo de la Magistratura para llevar adelante el proceso de destitución de los dos camaristas.
De perfil bajo con respecto a los medios, pero muy influyente en su ámbito, formó parte de una generación de abogados que tuvieron alta repercusión en la vida judicial y política de Mendoza. Así, su nombre ha compartido cartel con Diego Lavado, Luis Correa Llano o Alejandro Cazabán, por caso.
Está casado con la defensora penal de menores, Claudia Vallejo, tiene dos nenes y una nena, juega bien al tenis y más o menos al fútbol. Es hincha fanático de San Martín -pero muy fanático-. Sólo en casos de fuerza mayor se pierde un partido de local de los Chacareros, y va siempre acompañado por sus hijos.
A los 45 años, y afianzado en su cargo, le llega esta nueva oportunidad. Ahora, será el Senado quien tenga la última plabra.
Comentá la nota