A través de una carta documento que fue enviada en el día de ayer a la empresa SPSE, el diputado Javier Pérez Gallart, abogado patrocinante del amparo colectivo por el cambio de tarifas en la empresa eléctrica, intimó a que en un plazo de 24 horas, la “totalidad de los encargados de las áreas pertinentes” den cumplimiento al punto 3º de la medida cautelar innovativa dictada por el juez Antonio Andrade, “ordenando la suspensión del cuadro tarifario vigente de luz, agua, energía pública y cloacas, para los usuarios residenciales de la Provincia de Santa Cruz y hasta tanto recaiga la resolución definitiva en el presente proceso”.
En consecuencia, señala la resolución judicial, se dispone que “la empresa SPSE deberá facturar y/o refacturar en forma inmediata y en el próximo vencimiento, de acuerdo al cuadro tarifario vigente a diciembre de 2016, debiendo negociar con cada usuario que así lo solicite la refacturación y la compensación pertinente si fuera el caso”. Afirmando que la empresa no está cumpliendo con la “refacturación” de las boletas ya emitidas, es que el letrado intimó, vía carta documento, a que esto se cumpla “bajo apercibimiento de denunciarlo penalmente (al presidente de SPSE, Lucio Tamburo) por el delito tipificado en el artículo 239 del Código Penal” por desobediencia de una orden judicial, que lleva pena de 15 días a 1 año de prisión. Precisamente en el día de ayer, (ver nota principal) el titular de SPSE salió a aclarar que la empresa acatará la medida cautelar, pero a partir de los consumos de este mes, considerando que la cautelar no tiene “efecto retroactivo”, algo que el propio juez dio a entender, luego de haber emitido su fallo en una entrevista por LU 12 Radio Río Gallegos.
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