Según Pereyra Pigerl, esta situación “claramente trae consigo una cuestión turbia, porque no pueden existir dos contratos iguales pero con distinta fecha, porque claramente uno es falso, es decir que hay un delito de por medio”, refirió el profesional, quien realizó la denuncia penal correspondiente ante la Justicia para que se determine cuál de los documentos es apócrifo y por consiguiente, cuándo vence el contrato de concesión de la firma, que pretende hacer valer el que señala que tienen la exclusiva explotación del servicio hasta 2022.

Por otra parte, el convencional criticó fuertemente al concejo deliberante local, que se aboca al análisis del pedido de la empresa prestadora del servicio de colectivos urbanos, pero “no fue capaz de reunirse en sesión extraordinaria para tratar el grave tema del agua potable en la ciudad, o para acompañar a la Justicia en la definición de qué contrato es el que realmente vale y solicitar castigo a los culpables de la eventual acción delictiva contra todo el pueblo”.

“Parecen más preocupados por dar solución rápida y ágil al dueño de la empresa con el aumento del boleto de transporte urbano, que afecta en forma directa el bolsillo de los de nuestra gente humilde”, fustigó.

La empresa pretende un aumento del orden del 30%, o sea, el boleto único pasaría de 2,75 pesos a 3,50 y el escolar con abono de 0,60 a 0,80, sin abono de 0,75 a costar 1 peso.

El pedido de la firma ingresó para su estudio en sesión extraordinaria del concejo deliberante la semana pasada y se aprobaría esta semana “sin siquiera establecer un estudio de costos y menos aún sin definir si la concesión realmente existe o hay ‘ocupas’ en la prestación de un servicio público fundamental para la localidad”.