Por Hernán de GoñiEl gobierno argentino se perdió una oportunidad razonable de transmitir a las empresas un gesto que estimule la inversión y mejore la competitividad de la oferta exportable del país. El Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta, invalidado ayer por la Corte, había perdido fuerza con el cambio de ciclo económico. Aunque el Gobierno sumó nuevas herramientas de recaudación, como las retenciones a las exportaciones, este gravamen quedó congelado en la memoria de los funcionarios.
Hoy este impuesto le deja al Palacio de Hacienda entre $ 800 y $ 1000 millones por año. La Corte, con su fallo, le dio algo de razonabilidad. El Ejecutivo lo podría haber hecho por su cuenta, antes de que se expidieran los jueces. Pero se perdió la chance de dar de baja, con fundamento, de una creación puramente noventista.
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