Personal de franco del Servicio Penitenciario Provincial protagonizaron en la mañana de ayer una protesta frente a la Unidad Penal III de Bariloche. Reclaman, en coincidencia con un planteo similar en otras localidades, un incremento salarial que lleve el piso de haberes a 16 mil pesos, ya que el mínimo actualmente se ubica en los 7.300 pesos.

Además, explicó uno de los voceros del grupo -que prefirió no dar a conocer su identidad- también se incluye entre las exigencias la cancelación de horas extras correspondientes al año 2007, y la recategorización de personal.

Desde el Gobierno, el flamante ministro de Seguridad y Justicia, Gastón Pérez Estevan, anticipó que la situación del Servicio Penitenciario "ingresará en la agenda de la Política Pública". Hace un año, una rebelión policial arrancó al Gobierno de Alberto Weretilneck aumentos salariales muy por encima de los promedios del resto de los logrados por los trabajadores estatales.

Ahora, los Penitenciarios amenazan con "medidas de fuerza", en caso que el Gobierno no establezca una mesa de diálogo y avance con las mejoras exigidas.

Los agentes reunidos en el ingreso de la Unidad Penal III también se quejaron porque los casi 20 empleados trasladados desde Viedma no cuentan con adicional para vivienda y "el dinero en Bariloche no alcanza para mantener una casa". Además, "no pagan refrigerios, se hacen jornadas de corrido", mientras que algunos de los trabajadores forman parte del escalafón "Grupo de apoyo", cuando ese sector sólo debiera incluir a personal de maestranza.

El petitorio elaborado fue entregado a las autoridades del Penal y del ministerio de Seguridad provincial.