No hace falta demasiado para recordar la noche funesta que terminó con la vida del turista platense Gabriel Franco Ceferino, un fotógrafo que había procurado unas vacaciones alquilando junto a sus amigos una casa de veraneo en la ciudad de Miramar.

En la noche del 30 de diciembre pasado, los turistas decidieron que el clima era ideal para cenar al aire libre, y se sentaron en el hall de la casa, donde fueron sorprendidos por cuatro asaltantes que actuaron con la cara semicubierta, de la boca para abajo. El resultado fue el peor: por más que no hubo resistencia ni forcejeos, por más que los ocupantes entregaron todo lo que tenían, uno de ellos fue fusilado, ya que le dispararon en la cabeza a 50 centímetros de distancia. Incomprensible. No hubo testigos más que las mismas víctimas, y cada uno de ellos había visto -a medias- la cara de uno de los asaltantes.

El encuentro se había producido en medio de una escena tan violenta, que ellos estaban en condiciones de dar escasas precisiones acerca de los delincuentes. Para completar el cuadro, en la misma noche hubo dos asaltos más, ambos graves.

El fiscal Rodolfo Moure dio a conocer su parecer en relación con la causa el 3 de enero, y afirmó ante los micrófonos de la 99.9 que la cantidad de policía dispuesta para la prevención del delito en la vecina ciudad era evidentemente insuficiente. Adelantó, además, que existían numerosos indicios para vincular a los imputados con el homicidio. Para él resultaba evidente que la persona entonces sospechosa del asesinato a sangre fría era miembro de una familia miramarense de delincuentes, varios de los cuales estaban ya detenidos y con frondosos prontuarios.

Los lectores de la prensa local volvieron a tener novedades del caso recién el 2 de febrero, cuando se supo que la jueza de Garantías del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil Fernanda Di Clemente, había conseguido que los tres menores imputados del crimen permanecieran detenidos preventivamente mientras durara la investigación y tras un pedido del actual fiscal Marcelo Yáñez Urrutia. El cuarto involucrado en el hecho, un mayor de 22 años, permanecía detenido desde enero, por aquella orden de Moure.

Se dijo también que las detenciones se habían producido en allanamientos realizados inmediatamente después del hecho en cuatro viviendas de Parque Mar, un caserío ubicado junto a Miramar. Allí se habrían secuestrado los celulares de las víctimas del robo, y una pistola calibre 22 que, presuntamente, sería el arma homicida.

Pero ¿qué pasó en el medio? ¿Cuáles fueron los hechos que acaecieron entre el crimen y la prisión preventiva efectiva? Falta un mes en trámites y cruces de los cuales nadie se enteró.

Letra por letra

Sucede que las detenciones se habían producido de manera inmediata, y entonces la jueza de garantías del menor Patricia Alejandra Gutiérrez había ordenado convertir esa aprehensión en prisión preventiva.

Seguidamente, los abogados defensores de los imputados Nicolás Gastón Miñola, Jorge Daniel Piris y Diego Daniel Villalobos fueron a la Cámara de Apelaciones a discutir la medida que consideraban inapropiada, ya que, a su criterio, no existían elementos de cargo suficiente para involucrar a sus defendidos en el robo cometido contra Javier Ricardo García, Damián Alejandro Aquino, Abel Isaac Gerez y Gabriel Franco Ceferino, en el que resultara asesinado este último.

Se trata de los abogados Claudio Bardelli, Lautaro Resúa y Juan Ignacio Fuscaldo, quienes afirmaron que, en definitiva, se trataba de alguien llamado Galván que había confesado su conocimiento de los implicados en el hecho a un testigo llamado Arrutia. A criterio de la defensa, el procedimiento carecía de validez ya que se trataba meramente de hechos referidos, sin un testimonio directo. Indicaron así que la declaración carecía de sustento fáctico: los jóvenes no habían sido individualizados en oportunidad de realizarse el reconocimiento fotográfico ordenado por el fiscal.

Pero los jueces de Cámara ni se detuvieron en las razones aducidas, porque ellos encontraron un vericueto técnico que les allanó el camino: estuvieron a punto de convertir este crimen en un nuevo bastión de las muertes impunes. Dijeron que habían analizado la labor de la jueza Gutiérrez confrontando la grabación de la audiencia oral con el registro escrito de la misma, y allí habían encontrado lo que titularon como evidente irregularidad: la jueza, en esa audiencia del 7 de enero, había omitido “describir detalladamente” el hecho por el cual se imputaba a los nombrados, y como no lo había dicho verbalmente, lo agregó por escrito. Dijeron los jueces que no podía ser, y que se violaban las reglas de Riad y las reglas de Beijing sobre el encierro preventivo de un joven:

“Esta omisión especial de carácter absoluta e insalvable impone la oficiosa declaración de nulidad sobre el acto jurisdiccional que, dictado en violación de las aludidas reglas de procedimiento, resolvió la prisión provisional de los encausados”, dice el resolutorio de la Cámara.

Inmediatamente, las consecuencias: se dispuso la nulidad del pronunciamiento de prisión preventiva y la inmediata libertad de Nicolás Gastón Miñola, Jorge Daniel Piris y Diego Daniel Villalobos, que estaban alojados en el instituto para menores de régimen cerrado de Batán, sin perjuicio de la prosecución de las actuaciones. Y no solamente esto: también explicaron que la omisión de la jueza Gutiérrez era suficiente para que se le aplicara una sanción disciplinaria, según acuerdos establecidos por la Suprema Corte de Buenos Aires, por lo que debería realizar su descargo en el término de 5 días.

¿Qué más da?

Y de vuelta a la calle. Tres más, y van quién sabe cuántos. Tres más, y ni hablar de lo que puede suceder cuando un asesino comprueba que la impunidad existe, que es un intocable, y que, haga lo que haga, terminará en libertad nuevamente en un breve plazo, porque siempre alguien hará lo necesario para que tal cosa suceda.

Afortunadamente, esta vez la fiscalía procedió de manera inmediata y solicitó la intervención a la jueza Fernanda Di Clemente, para que fuera ella quien rubricara nuevamente la solicitud de prisión preventiva, una detención efectiva y necesaria para que quienes habían participado del robo y fusilamiento del fotógrafo platense no volvieran a la calle.

Recién entonces es cuando la gente volvió a enterarse de los hechos resultantes de la causa. Porque se da a conocer en la prensa el avance del expediente una vez subsanado todo el enredo que estuvo a punto de dejar a los tres menores implicados en libertad, para que pudieran fugarse por donde quisieran. O quizá para que pudieran continuar cometiendo delitos de esos que les procuran suculentas ganancias, mientras avanzaba el juicio por la muerte de Ceferino.

Es así que funciona la cosa, y quienes forman parte de familias dedicadas al accionar delictivo conocen el paño. Se trata de pagar la mensualidad al abogado sacapresos que garantice que jamás el juez logrará aplicar una prisión preventiva al menor delincuente. De esa manera estará libre hasta que su sentencia quede firme, pero firme firme. Para ese año, ya ni rastros quedarán del acusado.

Pero la Cámara parece no saberlo. Parece no conocer esta rueda imparable que funciona para mantener a los jóvenes delincuentes en la calle, y a las víctimas, bajo tierra. A los acusados, en sus casas, y a los vecinos, tras las rejas con las que abroquelan sus propiedades. Parece que a la Cámara no se le ocurrió que quienes participaron de un fusilamiento evidente son más peligrosos que una omisión formal en la grabación. Solamente se le ocurren estas cosas al que tiene que vivir en un barrio donde los asaltantes no te permiten comer en el hall sin ponerte un tiro en la cabeza.