Después de casi tres años de contar moneda tras moneda para poder pagar los sueldos, y gracias al programa de desendeudamiento provincial lanzado por la Nación, el mandatario cordobés se encontró de golpe con fondos frescos que no dudó en volcarlos masivamente en obras públicas de dudosa urgencia y necesidad. Así fue como en un lapso de apenas tres meses anunció la construcción del faraónico Centro Cívico, del pomposo Faro del Bicentenario, de varios y ampulosos pórticos de ingreso a la provincia, y de un listado interminable de monumentos a su héroe favorito: el general Juan Bautista Bustos.

Pero, claro, el tiempo había pasado, y para poder cortar las cintas antes de dejar el cargo (en diciembre de este año) había que meterle pata con todo, y así es como hoy está forzando los plazos al máximo posible, pasando por alto reglas y normas básicas de una gestión transparente de gobierno. La bochornosa demolición de la Casa de Gobierno y su reemplazo exculpatorio, el Parque de las Tejas, son una cabal muestra de este apuro injustificable.

Es inadmisible que funcionarios de primera línea, con enormes responsabilidades en el manejo de dineros fiscales, como el ministro de Obras y Servicios Públicos, Hugo Testa, intenten justificar la ausencia de una licitación pública para la construcción del bendito parque argumentando que con una contratación directa como la que se decidió se le gana terreno a la inflación. También roza el ridículo el papel que hizo el ministro de Educación, Walter Grahovac, quien dijo que las obras de reparación en las escuelas están demoradas porque los albañiles necesitan vacaciones, mientras la construcción del Centro Cívico avanza a todo vapor con tres turnos de obreros que trabajan sin descanso alguno, incluso en horas de la noche.

Ahora, la demolición de la ex Casa de las Tejas ha vuelto a poner en evidencia la incontinencia inexplicable de una administración provincial que, enceguecida por terminar cuanto antes una obra decidida a contramano de todos los procedimientos administrativos y legales, terminó habilitando el depósito de escombros a la vera del arroyo La Cañada, con todo lo que ello implica en términos de afectación del medio ambiente y hasta de la salud pública. Ni qué hablar del hecho de realizar la demolición de semejante edificio sin aprovechar el recupero de aquellos materiales en condiciones de ser reutilizados, lo que de sin dudas ha encarecido sensiblemente el contrato firmado con la empresa Brasca.

Juan Schiaretti seguramente imaginó pasar a la historia como el gobernador “progresista” (así se definió él mismo semanas atrás) que modernizó a una ciudad que, nadie lo discute, necesitaba mejorar su infraestructura pública. Pero ahora corre el riesgo de ser recordado como quien no reparó en nada para sacar rédito público cuando, por fin, tuvo mucha plata en el bolsillo y poco tiempo en el calendario.