El transporte público de pasajeros muestra por lo menos dos aspectos que han sido motivo del debate y la pelea electoral en los últimos días: la tarea de la empresa BRT (La de la tarjeta magnética que se usa en los colectivos); y la implementación del boleto universitario. Se apunta también a otra cuestión, más gruesa: la futura licitación de la recolección de residuos.

Es un debate que se pone un ropaje sencillo y fácil de entender: el de defender la calidad de servicios públicos, para que se beneficien los usuarios. Pero detrás de ese ropaje amable, se libran peleas más sórdidas y ocultas, que tienen que ver con la conexión que siempre existe entre intereses económicos, empresarios y políticos.

Con la empresa BRT el tema es insistente. Tanto desde el peronismo kirchnerista, con los concejales Ariel Kogan y Darío Martínez, como desde el MPN, con Juan Pablo Prezzoli como principal impulsor de la pelea en este campo, se señala que el Municipio ha favorecido a esta empresa, con perjuicio para el costo total del servicio, que después resulta en un boleto más caro que lo que debería ser.

En las últimas horas, el bloque del Movimiento Popular Neuquino (MPN) presentó un proyecto de ordenanza que establece directamente el “rescate” del contrato a la empresa Benito Roggio Transportes (BRT). Esto es, que se termine con la concesión a ese grupo.

El Municipio defiende ese contrato, y señala que quienes ahora lo cuestionan, lo votaron en su momento en el Deliberante.

Bajo la piel de la oposición obvia, transcurre un dilema político-empresario: el de la buena relación que mantiene el gobierno del intendente Horacio Quiroga con la empresa Benito Roggio, y que allanaría el camino para que el grupo siga –después de la licitación pertinente- prestando el servicio de recolección de residuos, a través de otra de sus controladas, la empresa CLIBA.

La recolección de residuos, más la disposición de la basura y su eventual aprovechamiento, es un gran negocio además de un servicio imprescindible. El gobierno municipal capitalino acaba de avanzar en este tema junto al municipal de Cipolletti, que encabeza Abel Baratti. Es un tema con implicancias económicas grandes, y que el gobierno neuquino también sigue atentamente, pues no ha dejado de trabajar en una idea de tratamiento regional de la basura, noción que atravesó toda la gestión de Martín Farizano sin poder concretarse.

Benito Roggio tiene además otros intereses en Neuquén-Río Negro. Es, por ejemplo, socio de Cristóbal López en CV1, la empresa que está a cargo del corredor vial 19, de la ruta 22, y que ahora deberá hacer “algo” (todavía no se sabe qué) con lo que dejó en el ahora ex peaje la empresa Caminos del Valle.

Puede decirse que tanto en la “defensa” del quiroguismo como en el “ataque” del PJ-MPN, no hay inocencia, sino política pura y pragmática. Concretamente, la puja político-electoral en estos momentos no solo evidencia distintos enfoques sobre cómo prestar mejor un servicio, sino también distintos posicionamientos respecto de qué empresas se benefician o perjudican con estos servicios.