Al sostener esa posición afirmó que Capitanich “fue el que impulsó los juicios de inconstitucionalidad por las designaciones mal habidas en el Superior Tribunal de Justicia, que propugnó la derogación de la ley de “desamparo” vigente durante el gobierno de la Alianza Frente de Todos, que hizo realidad la designación del Defensor del Pueblo, que este es el segundo estado en Sudamérica con comité para la prevención de la tortura y tormentos en lugares de encierro.

Las medidas

“Sin lugar a dudas que es muy importante y tiene que ver con la participación popular en las grandes decisiones judiciales. Estos Juicios por Jurados, en principio, los concebimos restringidos a delitos graves: homicidios y abusos contra la integridad sexual o cualquier otro delito al que le corresponda cadena perpetua”, dijo el funcionario en relación a esta iniciativa novedosa.

También sostuvo que “no se piensa en Juicios por Jurado por Jurado para cualquier tipo de delito sino restringido a estas tres posibilidades: homicidios, delitos contra la integridad sexual y casos de penas previstas de cadena perpetua. Es una revolución para el campo de las ciencias jurídicas”.

“Muchas veces hubo un rechazo de la burocracia municipal que insistió en monopolizar una decisión tan importante como lo es imponer una pena. Están en la Constitución Nacional los Juicios por Jurados pero nunca se aplicaron. La única excepción en el país es la provincia de Córdoba que lo viene haciendo en forma sistemática”, subrayó.

En el Poder Ejecutivo saben que “los sectores más retrógrados se van a oponer: al Juicio por Jurado y a la elección popular de jueces. En las dos cuestiones tenemos que avanzar pero en este último tema habrá una necesidad previa de la reforma de la Constitución Provincial, sino será imposible”.

“Se rompería el monopolio que los jueces disponen actualmente para la aplicación de las penas y comenzaría a participar la ciudadanía. Creo que al Poder Judicial le va a venir bien esta decisión porque van a tener que ver junto a la gente algunas cuestiones. Creo que el caso de Marita Verón, y otros tantos, hizo que la gente diga basta: con este sistema no podemos continuar”, aseveró.

El ministro está convencido de que “si hubiésemos tenido Juicio por Jurado seguramente no hubiéramos tenido el escándalo jurídico que protagonizaron los jueces tucumanos” y que “tampoco, ni siquiera, tiene un jury de enjuiciamiento que los condene. Acá tuvimos otro caso, también de delito de integridad sexual que fue un papelón para la provincia, que llegó a instancias internacionales”.

Así se refirió al caso en el que “la justicia de Castelli absolvió, erróneamente, al violador de una niña aborigen” y esto derivó “en que todo el fuero Penal debió pasar por distintas charlas, distintas instancias, porque la verdad es que ese fallo fue lamentable”.

En el caso del Consejo de la Magistratura dijo que para avanzar en cambios “es necesaria una reforma constitucional” y destacó que en el paquete de propuestas remitidas a la Cámara de Diputados no está prevista esa alternativa. “En lo personal creo que hace falta urgentemente pero se podría mal interpretar y pensar que se lo utiliza políticamente”, argumentó.

Luego sostuvo que “no es un buen momento político para hablar de reforma constitucional, pero sin lugar a dudas que es necesaria. Todo el área de justicia y del Consejo de la Magistratura lo requiere, que tiene que tener representantes de los trabajadores del Poder Judicial, del pueblo elegidos en elecciones. Hay que agregar dos o tres consejeros por parte de la ciudadanía del Chaco”.

En tanto consideró muy importante “la creación de la Escuela Judicial, que es una institución que pasaría a depender del Consejo de la Magistratura. Actualmente lo que hay es un Centro de Estudios Judiciales dependiente del Superior Tribunal de Justicia”.

Lo que se pretende es que esa Escuela Judicial tenga un directorio con un director y dos vocales que lo asistan en esa función donde se darían clases para los jueces, funcionarios y abogados que quieran iniciarse en la carrera para alcanzar una magistratura”.

“Esto quiebra la lógica autista de querer hacer todo entre ellos”, sostuvo y destacó que habrá representación civil con la participación de las universidades nacionales, los bloques parlamentarios, los trabajadores junto a los funcionarios y magistrados.

En cuanto al Código de Convivencia Democrática dijo que el gobernador lo propuso “frente a los cortes de rutas y cortes de calles que se producen en formar permanente” y apuntó que cuando estos se producen los manifestantes dicen que “si no lo hacen su protesta no tiene visibilidad, que nadie se entera de lo que hacen”.

“El gobernador propone que esto esté reglamentado, que no se corten las calles, que la protesta se puedan hacer y que quienes quieran darle mayor visibilidad tendrán a disposición el nuevo canal estatal en emisión digital a prueba para que sin alterar la cotidianeidad del resto de los ciudadanos puedan manifestarse”, consignó.

Después aclaró que esta “no es una imposición del gobernador” sino que es una propuesta a ser considerada por los interesados, por los movimientos, sindicatos “democrática para evitar que se altere el derecho de los ciudadanos a transitar libremente”.

El funcionario hizo mención también a los Juicios por Residencia. “Esto quiere el gobernador que sea una ley, porque los funcionarios públicos podrán ser sometidos a un examen posterior a la gestión no solo por el cumplimiento de metas y objetivos de la gestión sino también por la evolución de su patrimonio”, destacó.

Consejos Escolares

Pedrini dijo que con la elección de consejeros escolares el 27 de octubre se buscará promover la participación de la comunidad educativa “para mejorar la calidad de la educación, que no hayan paros de actividades, que se mejore la enseñanza, que sean funcionales y las condiciones de infraestructura de los establecimientos educativos. En ese sentido de se está trabajando”.