La decisión del Poder Judicial de habilitar los juzgamientos del ex vicegobernador Miguel Pibernus y el ex ministro de Salud Jorge Romero fue calificado por el ministro de Gobierno de la provincia, Juan Manuel Pedrini, como "un acto de estricta justicia".
Mientras algunos sectores hablan de que es una moneda de cambio para evitar el pedido de inconstitucionalidad a la designación de los jueces Ricardo Franco, Ramón Avalos y Rolando Toledo, el ministro dijo que de ninguna manera ocurrirá eso y que "el gobierno seguirá adelante con la presentación de la acción de inconstitucionalidad y también el proyecto sobre la selección de los jueces".
"Promoveremos la acción de inconstitucionalidad porque estamos convencidos que no se respetó la Constitución en la designación de los últimos tres jueces del STJ; por otro lado vamos a presentar un proyecto de reforma de ley que habilitó estos nombramientos, donde estaríamos reglamentando el concurso de oposición y antecedentes que prescribe la Constitución para la designación de los jueces".
El ministro dijo que esta propuesta se va a girar a la Legislatura para sesiones extraordinarias y que en estos momentos están llevando adelante consultas con organizaciones de abogados de la provincia y de manera informal con integrantes de la asociación de magistrados.
Sobre la presentación de la acción de inconstitucionalidad sostuvo que hacia fines de este mes o los primeros días de marzo se estaría impulsando la misma.
Reunión con el STJ
En medio de estos temas, los miembros del STJ se reunieron con el gobernador Jorge Capitanich, encuentro en el que estuvo presente Pedrini. El funcionario aseguró que allí se habló de la postura del gobernador sobre las acciones que impulsará. "Hay una cuestión de principios por parte del gobernador y de pleno acatamiento a la Constitución por eso se llevarán adelante acciones, donde expresó que no era una cuestión personal contra integrantes del STJ y que iba a haber una instancia judicial que dirimirá quien tiene razón".
Al mismo tiempo señaló que se expuso la necesidad de la continuidad de una relación institucional madura. "Los miembros del STJ manifestaron su desacuerdo con la posición del gobierno, pero coincidieron en que debe haber un diálogo institucional que permita el desarrollo de justicia y se culminen obras de infraestructura".



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