Ayer, Alegre se reunió con autoridades municipales y empresarios del sector industrial, quienes expresaron su malestar porque a las pérdidas se suma la llegada de facturas de energía. En forma conjunta con el Ejecutivo local se comprometieron a solicitar a la Dpec que no les cobre las boletas. Además, la Defensoría evaluará cómo y a quién reclamará ante la Justicia por daños y perjuicios.
Minutos después de las 15 comenzó el encuentro. Participaron la intendenta Bety Pintos, el vice Gustavo Sabio, demás funcionarios de la comuna y representantes de diferentes empresas los cuales expusieron sobre lo que les está pasando.
“Los ánimos están crispados. Están molestos porque hace un mes que están con problemas con el suministro de energía y eso le genera a su vez diversos problemas porque perdieron muchos días de trabajo y siguen las dificultades”, dijo Alegre. Y si bien, las autoridades municipales y él, les explicaron los trabajos que se están realizando para que puedan salir de la emergencia energética (ver página 19); la preocupación y el malestar no menguó en el sector industrial.
Facturas
“También estaban muy enojados porque están recibiendo facturas por el servicio de energía. Y en ese marco me pidieron que gestione que se los exima de ese pago por un tiempo a modo de compensación por todo lo que están padeciendo”, indicó el Defensor del Pueblo a El Litoral. En respuesta a ese requerimiento, Alegre expresó que junto a las autoridades municipales harán gestiones ante la Dpec para que no les cobran por cuatro meses o un semestre la energía a las industrias.
Audiencia y justicia
Considerando que son varios los pedidos que quiere realizar el sector industrial a la Provincia, durante la reunión, los funcionarios manifestaron que gestionarían una audiencia con el Gobernador. Y, de acuerdo a lo expresado por la intendenta a El Litoral, ya habría realizado el pedido en forma telefónica.
Con respecto a las compensaciones económicas que podrían solicitar a él o los responsables de la crisis energética que está afectando a la economía local (ver recuadro); el Defensor del Pueblo ratificó que “se hará una acción judicial por daños y perjuicios.
Ahora lo que voy a analizar bien es cómo lo haremos y a quién”.

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