A través de un proyecto de adhesión a la Ley Nacional que trata sobre la desfederalización de los delitos menores de droga, desde la Subsecretaría de Seguridad de la provincia a cargo de Juan Pablo Morales se busca comenzar a combatir este flagelo "como una política de seguridad pública". A grandes rasgos, esta adhesión permitiría descentralizar la investigación sobre drogas en la provincia y, además, poder contar con mayores recursos humanos y materiales.

En diálogo con El Ancasti, Morales explicó que desde el Ejecutivo se está elaborando el proyecto de adhesión a la Ley nacional 26052 que establece los permisos necesarios para que las provincias puedan comenzar a recibir fondos que antes eran destinados a la justicia Federal para poder combatir los delitos con drogas.

Morales explicó que Buenos Aires fue pionera en esta iniciativa y que el año pasado lo hizo Córdoba. "En el caso de Córdoba sabemos que hasta el mes pasado ya pudieron cerrar 294 puestos de venta de estupefacientes o los denominados kioscos, que son los que se dedican a la venta fraccionada directamente al consumidor y que es justamente lo que legisla esta Ley”, dijo.

Para el Subsecretario, la aprobación de este proyecto luego de que sea enviado a la Legislatura permitirá contar con mayores recursos económicos para sumar recursos humanos y también tecnológicos, que contribuyan a una mejor y más eficaz investigación a la policía especializada en la materia.

"Combatir la comercialización de droga menor sería para nosotros una nueva política de seguridad pública", admitió el funcionario al referirse a la enorme cantidad de delitos que suceden diariamente en la provincia como consecuencia directa de este flagelo. El objetivo general entonces es lograr que cada vez sea más difícil para el consumidor acceder a cualquier tipo de droga.

Teniendo en cuenta que cada provincia puede sugerir cómo será la investigación cuando se ha traspasado al ámbito provincial, Morales explicó que Córdoba, por ejemplo, creó secretarías específicas para investigar los hechos, pero que el proyecto de Catamarca tendría solo sugerencias, por el momento. Entre ellas mencionó la posibilidad de contar con un Juez de Garantías específico y consideró que “todos los fiscales están capacitados para investigar estos hechos”.

El proyecto aún no estaría terminado, por lo que tampoco trascendió cuándo podría ser presentado en el ámbito legislativo para su análisis.

ANTECEDENTES

Buenos Aires, en 2005, fue la primera provincia en adherir. En diciembre del año pasado lo hizo Córdoba, que logró cerrar 294 puntos de ventas de sustancias estupefacientes desde entonces.