El presidente del Consejo de la Magistratura del Chaco, Oscar Olivieri, consideró de “gravedad institucional” la resolución de la jueza suplente de primera instancia María Eugenia Barranco Cortés que suspendió el inicio del jury de enjuiciamiento contra la magistrada Amanda Corchuelo. Y adelantó que propondrá al organismo que preside apelar en “per saltum” para que el Superior Tribunal de Justicia del Chaco destrabe el inicio del jury.

“Realmente nosotros estamos perplejos por la resolución de la doctora Barranco Cortés, que al otro día de jurar asume una decisión de este tipo, creemos que estamos en el plano de la gravedad institucional”, aseguró Olivieri, en declaraciones a FM Universidad. Y advirtió que con esa resolución la magistrada “está deteniendo el funcionamiento de un organismo constitucional extrapoder, como es el Consejo de la Magistratura”.

“Per saltum”

El titular del Consejo de la Magistratura recordó que “la Cámara de Apelaciones y el STJ ad hoc le señalaron que hasta que el Jurado se pronuncie, lo que actuamos es ajeno a la competencia judicial ordinaria. Evidentemente se cayó en lo que se denomina como usurpación de jurisdicción”. Y consideró que “esto conlleva a frustrar el control constitucional de la idoneidad del juez que la Constitución puso a cargo del Consejo de la Magistratura. Y creo, veremos lo que piensa el cuerpo, que se sitúa en la situación prevista por el artículo 163, inciso c, de la Constitución Provincial, que refiere a conflictos de poderes entre distintos organismos del Estado, lo cual habilitaría el salto de competencia, famoso per saltum, porque obviamente estamos en una situación de gravedad constitucional”.

“La sucesiva suspensión por distintos jueces, por distintos artilugios e interpretaciones de recaudos formales que hacen a la concesión de los recursos se está creando un velo de impunidad donde determinado segmento de la sociedad, paradójicamente los jueces llamados a administrar justicia, no pueden nunca ser sometidos a su proceso de juzgamiento especial previsto en la Constitución, porque amaneradas interpretaciones de cautelares, amparos, etcétera nos van privando de un derecho que no es del Consejo, sino del pueblo el de saber y conocer la idoneidad de sus jueces”.

Olivieri aseguró que “todo esto nos lleva a pensar que debemos dar un paso adelante y determinar directamente ante el Superior Tribunal de Justicia no ya si tiene competencia la doctora Barranco Cortes, que largamente no la tiene, sino si incluso no actuó sin jurisdicción para este caso en particular. Es decir que estamos realmente ante una situación sin precedentes”.