Pauta oficial: medios pidieron claridad

Pauta oficial: medios pidieron claridad
“El precio del silencio” es un libro que trata sobre el abuso de publicidad oficial y otras formas de censura indirecta en América Latina, el cual contempla perfectamente la nota publicada por El Comercial en su edición del día domingo pasado y que fuera replicada en varios medios.

La nota expuso que el viernes pasado, hubo un total de 13 páginas de avisos pagados por las empresas que fueron las encargadas de las obras que el gobernador Gildo Insfrán inauguró en los últimos días.

La suma total por los avisos pagados por los empresarios supera holgadamente los $ 300.000 y todo fue a un solo diario, a uno sólo medio, produciendo una discriminación dirigida por el Gobierno en beneficio de una empresa periodística. Hoy en Formosa se editan a diario seis matutinos, algunos como el nuestro con varios años de existencia y amplia distribución. Las quejas fueron unánimes. “Para nosotros y los demás diarios, nada”. No les dejan poner avisos a un precio menor o a competir con otros diarios que no sean los que les manda la funcionaria que cumple órdenes del Ministro Jorge Ibáñez.

Es la Subsecretaria de Obras y Servicios Públicos, la arquitecta María Teresa Margarita González la encargada de orientar la publicaciones de los avisos de las empresas en un solo diario.

“Formosa Expres” en su edición del martes y “Opinión Ciudadana” en su edición del lunes fueron los medios que retomaron la denuncia y se espera que en las próximas horas haya un pedido de informes, por parte del radicalismo, a distintas áreas del Poder Ejecutivo para que se esclarezca esta situación.

Un método extorsivo

Las presiones a medios de comunicación y periodistas ejercidas mediante la asignación o el retiro de pauta publicitaria estatal han cobrado especial notoriedad pública en nuestro país en los últimos tiempos.

Dentro de estas “sutiles” formas de censura se encuentran las presiones por medio de la distribución de la publicidad oficial. Estas prácticas consisten en asignar o retirar pautas publicitarias para beneficiar a medios y periodistas afines o castigar a los críticos y condicionar, de este modo, el contenido de sus expresiones.

La Convención Americana sobre Derechos Humanos prohíbe específicamente la restricción de la libertad de expresión “por vías o medios indirectos”. Del mismo modo, la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión establece que “la utilización del poder del Estado y los recursos de la hacienda pública; la concesión de prebendas arancelarias; la asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial y créditos oficiales; el otorgamiento de frecuencias de radio y televisión, entre otros, con el objetivo de presionar y castigar o premiar y privilegiar a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas, atentan contra la libertad de expresión y deben estar expresamente prohibidos por la ley”

Finalmente, la Declaración de Chapultepec estatuye que “la concesión o supresión de publicidad estatal, no deben aplicarse para premiar o castigar a medios o periodistas”.

El efecto inhibitorio es particularmente fuerte en países como la Argentina, donde la publicidad oficial es esencial para la supervivencia financiera de muchos medios de comunicación, sobre todo a nivel provincial.

El juego de presiones a través de la pauta también se multiplica frente a la actual precarización laboral de los periodistas y el sistema de “loteo de medios”, a través del cual muchos periodistas negocian directamente los anuncios para sus programas de cable o radio.

Esta práctica se ve favorecida por marcos legales inadecuados, y a veces confusos, que no establecen reglas claras en cuanto a cómo se planifica, cómo se produce, cómo se distribuye y cómo se controla la publicidad oficial. Esta insuficiencia legal promueve la discrecionalidad, atenta contra la transparencia y facilita posibles actos de corrupción.

La publicidad oficial no debe promover -explícita o implícitamente- los intereses de ningún partido político ni del gobierno, ni estar al servicio de destacar sus logros de gestión y existen legislaciones comparadas al respecto.

En la Argentina, ante el retiro de Pauta Oficial como forma de censura encubierta se ha generado jurisprudencia como en el año 2007, cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación condenó a la provincia de Neuquén por el retiro de publicidad oficial del diario Río Negro y ordenó al gobierno a elaborar en 30 días un plan de distribución de la pauta publicitaria que no sea discriminatorio o mas reciente, el caso de la editorial Perfil donde el gobierno nacional fue obligado por la Corte Suprema a restituirle publicidad oficial en al menos tres publicaciones de la empresa. Fuente: ADC (Asociación por los Derechos Civiles).

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