Sorprendió la resolución del ministro Bergman. ¿Cómo los tomó a ustedes?

Con sorpresa. Teníamos conversaciones previas, porque conocíamos la intención del ministro Bergman de avanzar en esa dirección, aunque no están facultados para intervenir. La declaración de inconstitucionalidad de una medida provincial es facultad de la Justicia y no de un ministro. 

Pero no hubo acuerdo.

Nosotros advertimos sobre los riesgos y perjuicios que iban a sufrir las personas autorizadas para avanzar en el desarrollo de esas fincas, señalamos la amenaza para la seguridad jurídica, pero no hubo entendimiento. Ellos consideraron que podían emitir ese acto jurídico con todo lo malo que acarrea para nuestra provincia.

¿La Provincia acata o no esta resolución?

Preventivamente, suspende hoy los desmontes autorizados. Tenemos que brindar seguridad jurídica y garantizar los derechos de las personas que fueron autorizadas a escala predial porque la Provincia lo consideró legal y conveniente, de acuerdo al uso de los suelos que corresponde. Nuestra decisión es de carácter excepcional, lo que no significa que no vamos a concurrir a la Justicia para que determine las competencias. 

¿Qué objetan desde Buenos aires? 

Que la recategorización de predios no se hizo de acuerdo con la legislación nacional y provincial.

Urtubey, hace pocos días, advirtió que las autorizaciones estaban avaladas por la Justicia...

Efectivamente, es así. Las facultades para establecer la recategorización y el uso acorde de los suelos corresponden a la Provincia. El Ministerio de Ambiente se ha extralimitado.

¿Cuántas empresas se ven afectadas?

Unos treinta emprendimientos autorizados y registrados en el anexo de la resolución. Todas ellas serán informadas preventivamente de la suspensión, hasta tanto se aclare la cuestión de fondo.

La resolución nacional habla de deforestación y utiliza un lenguaje jurídico, pero que describe a Salta como provincia “depredadora”.

Desconocemos el enfoque, porque nos encontrábamos en una etapa de diálogo, con la mejor disposición, para proceder a revisar el ordenamiento territorial que corresponde una vez que transcurren cinco años. Yo había comenzado a dialogar con el ministro sobre nuestra decisión de una Salta que avance hacia el desarrollo con una escala predial y un ordenamiento territorial como corresponde, dando seguridad a los empresarios que deciden invertir en Salta. la provincia se puede y se debe desarrollar, Lo exige la situación social. Es una necesidad de la gente, que sería que los funcionarios conocieran el territorio. Estas medidas perjudican estos objetivos y son impropias de un país federal

¿Hay un divorcio de objetivos?

La voluntad de acercamiento de Salta es incuestionable. Hemos dado amplias pruebas. Salta tiene cinco millones de hectáreas de bosques, y si bien vamos a resguardar las áreas protegidas, tenemos que garantizar el desarrollo. Y vamos a acelerar los tiempos. La Provincia mantiene la decisión de incorporar a todo el Chaco salteño al desarrollo, impulsar emprendimientos y generar oportunidades para los salteños.

La resolución coincide con la crisis del ingenio San Isidro...

Son temas delicados, que pone en juego la calidad de vida y el empleo. Por eso vamos a hacer lo que sea necesario para resolver los problemas. Y, en esta tarea, el gobernador Urtubey se ha puesto a la cabeza.