La decisión de la Corte Suprema tiene fecha del 9 de abril. El Diario, en su edición del día 8 de abril advirtió que el expediente de Alvarez llevaba un lento paso en la CSJN ya que esa queja llegó al máximo tribunal el 24 de mayo de 2012.

La sentencia de la Corte lleva las firmas de Enrique Petacchi, Elena Highton de Nolasco, Carmen Arguibay y Raúl Zafdaroni.

Alvarez fue uno de los emblemáticos ministros del exgobernador Rubén Marín. Primero fue concejal de la ciudad de Santa Rosa. Y en el año 1994 llegó al ministerio de Bienestar Social (que también incluía el área de Salud) para reemplazar a Silvia Gallega de Soto, desplazada por un escándalo por compras de aparatos médicos.

La apelación de la elevación que presentó el exministro de Bienestar Social Santiago “Patucho” Álvarez contra su procesamiento por “enriquecimiento ilícito” tiene una lenta tramitación en la Corte Suprema de Justicia. El pasado 25 de febrero la causa salió del despacho del juez Raúl Zaffaroni y pasó al de Elena Highton de Nolasco, en el que permanece desde entonces.

Álvarez fue procesado en noviembre de 2011 por el Tribunal de Impugnación Penal. El caso ingresó en apelación a la Corte Suprema de Justicia el 4 de abril de 2012: desde entonces tuvo un lento recorrido.

El 4 de abril, esa causa ingresó a la Oficina de Adjudicación y Circulación de Causas. Los siguientes movimientos se registran entre los días 28 y 30 de abril. En esos días interviene la Secretaría Judicial Nº 3 de la Corte Suprema de Justicia, se gira escrito (acredita el depósito) y finalmente se agrega la constancia de depósito.

Después del 30 de abril de 2012 el expediente estuvo estacionado en secretaría. El primer movimiento -según informa la página web de la CSJ- se registró el 4 de octubre, cuando la causa llega a manos del juez Raúl Zaffaroni. Ese magistrado analizó el caso -incluido el mes de feria judicial- y emitió su fallo el 25 de febrero. Zaffaroni estuvo el pasado mes de marzo en La Pampa.

Santiago “Patucho” Álvarez fue ministro de Bienestar Social entre los años 1993 y 1999. Pero fue funcionario desde el año 1983 hasta el año 2002. Ahora sigue vinculado a la política desde las sombras: se lo vio cercano al intendente Luis Larrañaga, respaldando esa línea política. Su hijo, Santiago “Patuchito” Álvarez, es el presidente de Télam e integrante de La Cámpora.

La causa se inició para investigar el presunto enriquecimiento ilícito entre 1983 y 2002 de Álvarez. “Habría incrementado de manera apreciable su patrimonio, no justificando este aumento en momentos en que le fue debidamente requerido por la autoridad competente”, explicó el juez Daniel Ralli al procesarlo.

Lo halló “prima facie” responsable del delito de enriquecimiento ilícito de funcionario público, artículo 268 (inciso 2) del Código Penal, “en razón que se determinó un crecimiento patrimonial más que apreciable, puesto que Santiago Eduardo Álvarez no pudo justificar más de dos tercios de los bienes que se pudieron detectar con la investigación, computando todos los ingresos del período menos los gastos necesarios para vivir”.

Elevación

El juez Daniel Ralli y la fiscala Alejandra Ongaro consideraron en marzo de 2012 que ya se le podía poner fecha al juicio por enriquecimiento ilícito del exfuncionario Santiago “Patucho” Álvarez. Cuando la Cámara del Crimen Nº 1 debía fijar la fecha del debate oral y público el abogado Francisco Marull apeló, trámite que terminó en la Corte Suprema de Justicia.

Esta situación se produjo después de que el juez Ralli rechazara, en marzo de 2012, la oposición a juicio que presentó la defensa de Santiago Álvarez, a cargo del abogado Francisco Marull.

“Patucho” fue procesado por el juez de Instrucción Nº 6, Daniel Ralli, en septiembre de 2011. Fue por enriquecerse ilegalmente en unos 708.723 pesos, tomados a valores históricos del año 2002. Esa cifra actualizada sería de 1.800.000 pesos. Ese procesamiento fue ratificado por el TIP en diciembre pasado.

Una vez que se conoció la decisión del tribunal de alzada, Ralli le prohibió salir del país. Se le trabó un embargo por 2.425.230,95 pesos.

La prohibición de salir del país se firmó porque los jueces estimaron la posibilidad de que “Patucho” lo haga porque cuenta con las posibilidades, a

fines de entorpecer la investigación.

El enriquecimiento está penado con prisión de dos a seis años, una multa del 50 al 100 por ciento del valor del enriquecimiento e inhabilitación absoluta perpetua.

Además, es el único delito donde se invierte la carga de la prueba y el imputado -que en todos los casos tiene que ser un funcionario público- debe demostrar cómo obtuvo su patrimonio.

La investigación se inició el 25 de noviembre de 2005, cuando el Tribunal de Cuentas comprobó que no se podía justificar un incremento patrimonial de 1.727.153 pesos, además de acciones por 110.000.000 de pesos. Aunque Álvarez después aclaró que “no son 110.000.000 de pesos sino que son 110.000.000 de australes”.

Después del procesamiento comenzó una batalla judicial de la defensa de “Patucho” Álvarez para retrasar el juicio oral y público. Entre otros recursos, Marull recusó al juez de la causa, pedido que fue rechazado por el propio juez y por tribunales superiores.

Hace unas semanas, el juez Ralli notificó a las partes, a la defensa y a la fiscala Ongaro. Precisamente, la defensa de Álvarez presentó la oposición a juicio que fue rechazada por el magistrado. Consideró que el acusado tuvo acceso a todas las medidas a las que podía recurrir para su defensa.