El diputado provincial del Frepam, Luis Solana, denunció que el Patronato de Liberados de la provincia ha sido dejado a su suerte por el gobierno pronvincial y aseguó que sólo 5 personas están encargadas de controlar a 1.280 personas que recuperaron su libertad luego de cumplir condenas de prisión.

“El papel central del Estado provincial es garantizar los derechos humanos y efectuar una verdadera reinserción social para, de esta manera, evitar la reincidencia. La sociedad esta planteando fuertemente que se atienda su seguridad, quiere que se detenga el delito, que se ponga un freno a los golpes de las conductas delictivas, que van poblando de víctimas y miedo, y peor aun, tenemos la sensación de que 'nadie hace nada' por ese preso que salió de la cárcel y volvió a delinquir porque no tuvo contención o control”, aseveró Solana.

“Para terminar con una gran parte de los delitos se necesitan políticas públicas efectivas destinadas a la reintegración, resocialización y reestablecimiento de los vínculos familiares de quienes ya han cometido algún hecho delictivo. Sin bien, existen muchas agencias que tienen responsabilidad directa o indirecta con la seguridad, uno de las herramientas más importantes es el Patronato de Liberados, que es el organismo de seguimiento y control, cuya función es insertar en el medio social, vincular, controlar y asistir económicamente y contener a quienes salen de la cárcel, a quienes tienen ejecución condicional y a quienes fueron beneficiados de la suspensión de juicio a prueba”, explicó Solana.

“Quienes están en esas tres condiciones en La Pampa suman cerca de 1.280 personas, que requieren del Estado múltiples intervenciones y que sean interdisciplinarias. Acompañamiento psicológico, psiquiátrico, asistencia social, asistencia material, asistencia medica, educación”, prosiguió.

El legislador reveló que para asistir y reinsertar a estos 1.280 ciudadanos el gobierno provincial solo dispone un subsidio a la Asociación Civil Patronato de Liberados de 30.000 pesos, usado para gastos operativos y para pagar a 5 personas, dos de jornada completa y tres de media jornada. “Tienen la ‘obligación estatutaria’ de evitar la reiteración delictiva, evitar la reincidencia de quienes salen de la cárcel, evitar que incumplan las condiciones en la libertad condicional, que cumplan la tarea en la suspensión de juicio a prueba y de esta manera evitar potenciales delitos, que seguramente se cometen cuando todo esto no funciona”, acotó.

“Ahora bien, con la información expuesta no hace falta ningún calculo para saber que es de imposible cumplimiento; cinco empleados, (sin presupuesto) para el control, seguimiento y asistencia económica y moral de 1.280 personas, que se encuentran diseminadas en toda la provincia”, comparó.

Solana indicó que “el dato que más angustia, según datos de la Justicia provincial, es que el 80% de los delitos en La Pampa (8 de cada 10) son cometidos por quienes ya han cometido anteriormente algún hecho delictivo. Por lo tanto, la reiteración y la reincidencia se vería notablemente reducida si funcionara correctamente el control, seguimiento y asistencia de personas en conflicto con la ley penal. En contraste con los que piden más policías o más penas, debemos cambiar en el enfoque del sistema judicial para el "Control Social" y avanzar en un abordaje interdisciplinario de la problemática de cada uno que permita su vinculación al medio, a la familia, al trabajo, a algún circulo socia”.

Por eso, consideró que “el Estado provincial debería hacerse cargo de las funciones del Patronato de Liberados (o cualquier otro nombre que adopte), incluyendo a la Asociación Civil en su función colaborativa”.

“Las políticas sociales son la única manera de dar contención y asistencia a esas 1.280 personas y evitar que por la presión social o la falta de apoyo a su situación reincidan o no puedan reintegrarse”, apuntó. “Ese es el eslabón más débil en la inseguridad de La Pampa. Para eso hay que darle más fondos, herramientas, infraestructura y personal al Patronato de Liberados porque cinco empleados no pueden hacer eficiente esa tarea para una población de 1.280 personas a las que deben asistir o controlar”, insistió.

“Son derechos básicos que deberían ser tenidos en cuenta, como así también en la puesta en marcha de políticas públicas y sociales que contemplen a largo plazo cuestiones estructurales”, remarcó.