Patria insiste con la denuncia penal contra el kirchnerista Guaraz

Patria insiste con la denuncia penal contra el kirchnerista Guaraz
Confirmó que realizó presentación judicial y dijo que no dará marcha atrás. Defendió el accionar de DVN.
El director de Vialidad Nacional Distrito Catamarca, Marcelo Patria, confirmó que realizó la denuncia penal contra el intendente de Santa Rosa, Elpidio Guaraz, por cortar sin autorización la ruta nacional Nº 64 a la altura de Bañado de Ovanta. Y aseguró que la denuncia está encuadrada dentro del marco legal correspondiente.

“Ningún ciudadano, llámese intendente de Bañado Ovanta o cualquier funcionario, puede corta una ruta nacional porque sí. Primero deberá contar con el permiso correspondiente”, afirmó el funcionario.

Agregó que DNV exige la autorización a fin organizar un circuito de desvío para aquellos vehículos que utilizan estos caminos y evitar que se vea afectado el normal tránsito.

En ese contexto, Patria explicó a Radio Ancasti que es obligación del organismo nacional garantizar la transitabilidad sobre la ruta nacional y que “nadie” tiene la facultad para tomar una determinación de este tipo, ya que atenta contra las normas de seguridad vial.

El corte de ruta que interrumpió la circulación vehicular se realizó el pasado jueves y parte del viernes, por los festejos del Día del Estudiante y llegada de la Primavera.

La DNV posee la absoluta jurisdicción sobre la zona de camino de todas las rutas nacionales, y cualquier obra o evento que se lleve a cabo en esa zona debe contar necesariamente con la debida autorización del ente nacional.

“No entendemos la actitud de los intendentes que se atribuyen el derecho de cortar las rutas. Porque entonces, con ese criterio, también podemos decirles a los intendentes que se encarguen del mantenimiento y repavimentación y no sólo para realizar eventos”, disparó Patria.

Finalmente, el titular de DVN manifestó que no recibió instrucciones de ningún funcionario del Gobierno provincial de levantar la denuncia que pesa contra Guaraz y aseguró que espera que ésta continúe su proceso legal.

La denuncia se basó en los términos del artículo 194º del Código Penal, que prevé penas de entre tres meses y dos años a toda persona que “entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación sobre rutas nacionales".

La impunidad con la que actúa el jefe comunal kirchnerista quedó reflejada en las declaraciones que recientemente realizó y donde señaló que en su jurisdicción es él quien adopta todo tipo de resoluciones.

“El único que autoriza es el municipio. Cuando se organiza algo privado, siempre el vecino recurre a solicitar autorización y somos quienes autorizamos", desafió Guaraz.

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