La decisión de participar de la marcha convocada a lo largo y ancho del país para reclamar medidas contra la violencia de género y concientizar a la sociedad sobre este flagelo podría considerarse una postura institucional y política de la Gobernadora Fabiana Ríos sobre la problemática.

Sin embargo, vaya paradoja, la asistencia de Ríos a la marcha es una profunda contradicción que marca una suerte de doble moral de la mandataria sobre esta problemática en particular y sus políticas de Estado.

Basta con remontarse al año pasado para recordar que mediante el Decreto 2982/14, conmutó la pena a Juan Pablo Rojas condenado a reclusión perpetua por violar y matar a una joven en 2001 en un hecho que conmocionó a vecinos de Río Grande. 

Claro que la Gobernadora podrá argumentar que el Superior Tribunal de Justicia fechado el 29 de septiembre de este año, donde informa favorablemente el pedido de conmutación de pena. Sin embargo la decisión final fue de la mandataria, UNA MUJER.

Rojas había sido condenado el 13 de junio de 2002 a pena de reclusión perpetua, como autor material y penalmente responsable del delito de abuso sexual agravado por acceso carnal en concurso real con homicidio agravado.

En un informe, la Juez de Ejecución, doctora Cecilia Incardona (OTRA MUJER) estimó aconsejable el otorgamiento del beneficio de conmutación de pena después de que el recluso cumpliera apenas 12 años y ocho meses de detención. Para el caso se aseguró que el recluso tiene un “10” en conducta y un “9” en concepto. 

El informe de la Fiscal y el Decreto de la Gobernadora, no repararon en los familiares de la víctima, no tuvieron en cuenta su dolor y su pérdida, no les interesó su situación ni su sufrimiento. Ambas decisiones, de la Fiscal y de la Gobernadora se ocuparon más del victimario que de la víctima (a quien Rojas asesinó) o sus familiares.