La investigación por el escándalo de las irregularidades en la entrega de lotes, revuelo que llevó al gobernador Juan Manuel Urtubey a descabezar la Subsecretaría de Tierra y Hábitat, está centrada en la lista de adjudicatarios.

Lo que se busca, desde la Fiscalía de Delitos Económicos Complejos es saber a ciencia cierta qué sucedió con la Resolución Nº 20, dictada en este año y remplazada luego dos veces más por las Nº 21 y 22, respectivamente.

¿Por qué no se respetó la primera lista? ¿Por qué se agregaron otras dos resoluciones con anexos en los que se incluían otros nombres? ¿Qué llevó a los funcionarios a realizar los cambios?, son algunos de los interrogantes en torno a las irregularidades que tienen a numerosas familias en las puertas de la subsecretaría a la espera de una solución.

Según los denunciantes, entre ellos Luis César Fernández, quien representa a 114 de los damnificados, los adjudicatarios del nuevo barrio San Calixto, como se iba a llamar la unidad habitacional colindante a Parque La Vega, surgían de la Resolución Nº 20, firmada por Rodrigo Diez, funcionario de Tierra y Hábitat.

Cuando la lista de beneficiados se conoció, lo que se sospecha, es que empleados de esa subsecretaría, aún fieles al ex coordinador de esa área, Diego Barreto, advirtieron al ex funcionario de que varios de los beneficiarios que habían dejado en un supuesto borrador no estaban incluidos en la Resolución Nº20.

Este otro listado, aparentemente dejado por Barreto antes de abandonar su función como coordinador en el año 2013, incluía a numerosos vecinos que ahora denunciaron al ex funcionario por estafa, pues lo acusaron de haberle pagado grandes sumas de dinero, entre 20 y 30 mil pesos, para asegurarse un terreno.

Al percatarse de que las personas a las que le habría cobrado un pago extra o por vías no legalizadas por la subsecretaría no estaban incluidos, Barreto, según se sospecha, habría tenido alguna intervención en busca de que dichos "beneficiarios” sean incluidos entre los vecinos que serían beneficiados.

Lo que la fiscalía pretende establecer es la identidad de cada uno de los adjudicatarios en la lista original, como así también las carpetas que estas personas tramitaron en la subsecretaría a fin de confirmar si siguieron los caminos legales exigidos.

De esta diligencia surgirían aquellas personas que tramitaron de manera irregular o que fueron engañados por Barreto, entre los cuales se encontrarían "punteros” políticos o vecinos a los que se les habría prometido lotes a cambio de su colaboración en la campaña electoral del ex funcionario.

Los denunciantes que acusan a Barreto, en su mayoría, revelaron que sólo recibieron una "constancia” de adjudicación de un lote, trámite que ahora se investiga si se corresponde con la documentación que la fiscalía solicitó sea resguardada para su análisis.

Tampoco se descarta que los funcionarios que llegaron después de Barreto sean ajenos a estas maniobras, pues numerosos denunciantes revelaron que pese a que sus nombres aparecían en la Resolución Nº20, otros vecinos, cuyos nombres aparecerían en los otros dos anexos, 21 y 22, también firmados por Rodrigo Diez,  se presentaron en la entrega de lotes con los respectivos papeles que acreditaba el acceso a un lote.

A ello se suma la desprolijidad detectada en la ubicación de los lotes, pues muchos de ellos, como se denunciaron, correspondía a espacios destinados a plazas o en lugares que no eran aptos para la construcción de viviendas.