La medida de fuerza fue convocada por el gremio que agrupa a estos trabajadores, la Unión Tranviarios Automotor (UTA), aunque muchos especulan que es una "movida" de trabajadores y empresas para conseguir un rápido aumento en las tarifas del servicio, lo cual ya fue aprobado por el Concejo Deliberante pero su aplicación fue suspendida por una medida judicial que interpusieron asociaciones de defensa del consumidor, pidiendo una audiencia pública con estudio de costos.

La nueva tarifa de 5 pesos (actualmente el boleto vale 4,25 pesos) debía ponerse en vigencia a partir del 1 de enero, con otro ajuste de 50 centavos en mayo, pero la justicia suspendió todo ante los cuestionamientos. Desde la UTA se indicó que ya se registraron algunos despidos, pero que se lograron reincorporaciones, aunque sus dirigentes temen que apenas inicie el año nuevo se produzcan suspensiones y nuevos despidos.

Seguramente esta medida, si se cumple, afectará a un gran número de usuarios del transporte, que deberán echar mano a los servicios alternativos que muchas veces se aprovechan de esta situación y cobran tarifas más elevadas que las fijadas por ordenanza.