La Legislatura provincial ha sancionado durante el año en curso diversos pedidos de Informe sobre distintos aspectos de la gestión diaria administrativa de su economía, de la salud, la educación, el ordenamiento territorial, acuerdos con petroleras y mineras - que han provocado cierta polémica y rechazo en los últimos días - pero que a la fecha no han sido respondidos, tanto sobre el resultado de la aplicación de leyes sancionadas, como de las decisiones tomadas por el Poder Ejecutivo. De esta manera, desde el Bloque del Frente para la Victoria, se informó que en materia de la administración de la salud, se busca conocer resultados de la aplicación de la Ley de Fondos de Asistencia Financiera al Sistema Provincial de Salud; los nuevos montos en los coseguros que los afiliados a la Caja de Servicios Sociales deben abonar en concepto de prácticas aranceladas con los distintos prestadores y la justificación de tal aumento, como así también la cantidad de amparos presentados en los periodos comprendidos al año 2011 y 2012 por los afiliados respecto a situaciones de falta de prestación de servicio y coberturas de la obra social.

Además, en lo que hace a la provisión de insumos y el incumplimiento en la adquisición de un tomógrafo computado para el Hospital de la Cuenca Carbonífera de Río Turbio - que fuera licitado públicamente hace más de un año; la fecha y el número del instrumento legal por el que se ratificó el Convenio Marco de Cooperación entre el Ministerio de Salud e YPF S.A. el pasado 29 de abril del corriente año en Las Heras; el objetivo de diversos vuelos realizados por el avión sanitario a la ciudad de Bariloche; además de una investigación sobre la muerte de un bebé en el Hospital de Perito Moreno el pasado 10 de septiembre. Sobre los aspectos económicos y tributarios, los legisladores aún aguardan la presentación del Presupuesto General de la Administración Pública para el ejercicio 2014, con su correspondiente cálculo de recursos, cuyo plazo venció el pasado 31 de Agosto; sobre las transferencias a municipios; además de conocer los ingresos provenientes en concepto de sellados por todos los contratos suscriptos entre las empresas hidrocarburíferas operadoras concesionarias y las firmas contratistas desde el año 2.010 a la fecha; como así también sobre la contención del gasto público a partir de la vigencia o suspensión del Decreto Nº 005/12, de fecha 4 de Enero del año 2.012, que limitó los ingresos de trabajadores a la Administración Pública, entre otros aspectos restrictivos. En lo que hace al manejo de la actividad hidrocarburífera, sólo durante el 2013 los diputados solicitaron información sobre el estado de cumplimiento del acuerdo de prórroga celebrado oportunamente con la empresa Pan American Energy sobre la implementación del compromiso de inversiones; el cumplimiento de la Ley 3117, que estableció el marco regulatorio para el otorgamiento de prórrogas de concesiones petroleras, y en particular sobre la generación de puestos de trabajo local que alcance al 70% en cada yacimiento, como así también la contratación de empresas y cooperativas locales proveedoras de bienes, obras y servicios. Además, se solicitó un informe referente al contralor de las actividades de exploración y explotación de todas las concesionarias que operan en la provincia desde el inicio de actividades del Instituto de Energía de Santa Cruz a la fecha, discriminado año por año; y a Medio Ambiente respecto del cumplimiento del articulo 2º de la Ley Nº 3.122, inherente a cuantificar los daños y pasivos causados por la exploración y explotación de hidrocarburos al medio ambiente, desde enero de 2008 a la fecha. Sobre la producción minera, los legisladores vienen solicitando información respecto de convenios que ratifiquen aportes reintegrables a favor de la Provincia durante el período 2007-2013, monto determinado de utilidades, y adelantos, como así también montos y empresas socias de FOMICRUZ a las que se les hubiese solicitado sumas de dinero en concepto de usufructo minero; el destino que tendrán las 430 toneladas de cenizas diarias que generará la Central Termoeléctrica de Río Turbio, producto de la combustión del carbón; además de los términos de los distintos acuerdos suscriptos por el Gobernador Daniel Peralta con empresas mineras en el marco de la Responsabilidad Social Empresaria. También durante este año, solicitaron información sobre la ejecución de obras que se llevan adelante a través del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda, los porcentajes de recupero y facturación de los programas de vivienda, además de los pliegos de condiciones de dos licitaciones públicas para la construcción de 36 Viviendas e Infraestructura para Trabajadores de YCRT en Río Gallegos, que tuvo un costo de más de 100 mil dólares por vivienda. A la Administración General de Vialidad Provincial, respecto del motivo de los atrasos en el cumplimiento de las obras de reparación y mantenimiento de la Ruta Provincial nº 25, la cual se encuentra en total estado de abandono; como así también sobre el avance de Pista de Atletismo de Río Gallegos; o los resultados del Programa Provincial “Conectados con el Progreso”, lanzado en Octubre del año 2011; e información del acuerdo firmado entre la empresa petrolera Sinopec Argentina y el Gobierno Provincial, que incluyó la ejecución de obras hídricas a realizarse en la ciudad de Caleta Olivia. En materia educativa, y también en lo referente a infraestructura, se solicitó información sobre el estado de los establecimientos educativos que conforman el Sistema Educativo de la Provincia por un lado, y por otro, sobre la cantidad de días de clases perdidos en establecimientos públicos de Caleta Olivia y Cañadón Seco, debido a causas de falta de agua, luz o gas. Finalmente, desde el Bloque del Frente para la Victoria, se indicó que en lo inherente al ordenamiento territorial, se reclamó información sobre el estado de cumplimiento de la Ley Provincial de catastro, sancionada en 2009, y los plazos establecidos para el registro de inmuebles urbanos y suburbanos que se encuentren baldíos; inmuebles urbanos y suburbanos que se encuentren edificados; inmuebles subrurales y rurales; como así también sobre las acciones llevadas adelante a partir de municipalización de El Chaltén, en cumplimiento de la Ley Provincial 3.249.