Se cerró el acuerdo en el cual se establece un incremento del 22.3% en el salario mínimo inicial docente garantizado, llevándolo de $1.840 a $2.250 pesos mensuales a partir del mes de marzo. No obstante, también se acordó un incremento en el aporte del Tesoro Nacional a través del FONID (Fondo Nacional de Incentivo Docente), el cual pasará de $165 a $215 a partir de dicho mes, llevando el salario a $2.300, un 25% por arriba del salario mínimo vigente a la fecha de la firma del acuerdo.

Asimismo, el Gobierno Nacional se compromete a realizar un aporte extraordinario de $240 pesos en concepto de FONID, el cual será pagado en 6 cuotas de $40. Agregando dicha suma, se llega a los $2.340 mensuales, y a la variación del 27.2% destacada en el título del informe.

En adición al FONID, once provincias reciben el Fondo de Compensación Salarial Docente1, en cumplimiento del Artículo 9 de la Ley de Financiamiento Educativo. De no modificarse dicho monto ($295 mensuales en la actualidad), el aumento en el mínimo docente implicará un mayor incremento (en términos porcentuales) para aquellas provincias que actualmente perciben dicho fondo, como se ve en las tablas. En términos absolutos, el incremento en el aporte provincial es de $410 en ambos casos.

Paritarias provinciales

La definición del nuevo salario mínimo docente (de bolsillo) tiene repercusión directa en las paritarias a nivel provincial. A modo de ejemplo, el aumento que se otorgaría en Córdoba ascendería al 30%, desdoblado en dos etapas, en tanto que el arreglo alcanzado en Santa Fe presentó una cifra similar.

La importancia de esta negociación reside en que el aumento que finalmente presente el salario inicial docente, terminará trasladándose no sólo al resto de la estructura salarial del sector, sino que posteriormente, por tratarse el docente del sector más representativo del empleo público provincial, y del primero en acordar sus pautas de aumento salarial, al resto de la administración pública subnacional.

En el caso de las provincias que en la actualidad superan el nuevo salario mínimo, se replicarán los aumentos porcentuales.

Algunas cifras pueden ayudar a aclarar lo que está en juego en esta negociación: entre planta permanente, transitoria y personal contratado, las provincias cuentan con un total aproximado de 1.850.000 agentes públicos, es decir, cerca del 10% de la PEA.

La magnitud de esta cifra, que no incluye el empleo en empresas públicas y organismos de seguridad social provinciales, ha llevado a que el gasto en personal absorba más del 50% del gasto primario provincial, haciendo que cada punto de aumento salarial que se otorgue durante 2011, equivaldrá a una erogación adicional de casi $1.000 millones para el Consolidado de Provincias.

En cuanto a las perspectivas fiscales, si bien durante 2010 las finanzas provinciales presentaron una franca mejoría en términos consolidados, para 2011 la situación ya no sería tan auspiciosa. A partir de la construcción de escenarios fiscales alternativos, se podrá ver que la convalidación de los reclamos iniciales de los gremios podría poner en graves aprietos a los Estados subnacionales.

En este sentido, habrá que ver si prima la prudencia fiscal a la hora de las negociaciones, o si el poder de los gremios, reforzado en este caso por ser un año electoral, termina inclinando la balanza a su favor.

De acuerdo con nuestras estimaciones, las provincias habrían cerrado el ejercicio 2010 con un gasto en personal de $109.000 millones, presentando una tasa de expansión del 20.5%, la menor de los últimos años, pese a haber explicado el 45% del incremento en el gasto primario provincial.

Este bajo crecimiento obedeció a dos factores: por un lado, el reducido impacto de la anualización de los aumentos otorgados en 2009, que fueron moderados dentro del contexto de crisis; por otro lado, las pautas de aumento de 2010, si bien superaron las de 2009, también evitaron los desbordes salariales.

En buena medida, la desaceleración de la inflación a lo largo de 2009, y la todavía incipiente salida de la crisis al momento de la definición de las paritarias (I Trimestre), actuaron conjuntamente para lograr la contención de los aumentos provinciales durante 2010. En contraposición a esto, el 2011 arranca con una economía en fuerte crecimiento, y con un sendero inflacionario ascendente, ambos factores que propician mayores reclamos salariales.

Utilizando un análisis estático, es decir, manteniendo fijos tanto el nivel de recursos proyectados (+28% interanual) como el resto de las partidas de gasto, estimamos cuál sería el costo fiscal para las provincias de la traslación del aumento docente al total de la planta de agentes públicos (“efecto imitación”), y a cuánto ascendería el resultado fiscal del ejercicio 2011.