Expectativas en cada una de las provincias por el impacto fiscalComo ha sucedido en los últimos ejercicios, durante febrero se “jugará” en gran medida el escenario fiscal provincial 2011, al menos en lo que respecta a la estructura de gastos. Esto obedece a la celebración de las paritarias entre el Gobierno Nacional y los gremios docentes nacionales, en las cuales se establece la política salarial del ejercicio, definiéndose el nuevo salario mínimo docente (de bolsillo), con repercusión directa en las paritarias provinciales.

A modo de ejemplo, los reclamos salariales de los docentes bonaerenses ubican al piso salarial en $2.500, cifra idéntica a la solicitada por los gremios con representación federal.

La importancia de esta negociación reside en que el aumento que finalmente presente el salario inicial docente, terminará trasladándose no sólo al resto de la estructura salarial del sector, sino que posteriormente, por tratarse el docente del sector más representativo del empleo público provincial, y del primero en acordar sus pautas de aumento salarial, al resto de la administración pública subnacional.

Algunas cifras pueden ayudar a aclarar lo que está en juego en esta negociación: entre planta permanente, transitoria y personal contratado, las provincias cuentan con un total aproximado de 1.850.000 agentes públicos, es decir, cerca del 10% de la PEA.

La magnitud de esta cifra, que no incluye el empleo en empresas públicas y organismos de seguridad social provinciales, ha llevado a que el gasto en personal absorba más del 50% del gasto primario provincial, haciendo que cada punto de aumento salarial que se otorgue durante 2011, equivaldrá a una erogación adicional de casi $1.000 millones para el Consolidado de Provincias.

Las provincias,

testigos mudos

Las administraciones provinciales son testigos pasivas de esta negociación, a pesar de ser las encargadas de prestar prácticamente la totalidad de los servicios educativos del país.

En consecuencia, desde el punto de vista institucional se iría nuevamente en contra de las buenas prácticas del Federalismo Fiscal, al no trabajarse bajo un esquema de coordinación entre la Nación y las Provincias en las negociaciones con los gremios.

En efecto, se trata de la sexta vez consecutiva en la cual el Gobierno Nacional elevaría el salario mínimo docente en forma unilateral y sin consultar previamente a los gobiernos provinciales, los cuales son los responsables de efectivizar el pago del sueldo de los maestros, viéndose obligados a trasladar dichos incrementos a sus nóminas docentes, con el consecuente efecto en cascada sobre el resto de los agentes públicos.

En este aspecto, más allá que en años anteriores desde el Ministerio de Educación de la Nación se haya argumentado que se trata de aumentos de suma fija (el necesario para llegar al salario mínimo) y no de carácter porcentual, la experiencia nos indica que los aumentos al sector docente fijan un parámetro o piso para el resto de las negociaciones salariales (“efecto imitación”), en base a la pauta porcentual determinada por el PEN.

Salarios Actuales vs. Nuevos Mínimos...

De acuerdo con la última información disponible, sobre un total de 19 provincias relevadas, 18 deberían elevar el sueldo inicial de los docentes, ya que presentan salarios de bolsillo inferiores al nuevo mínimo reclamado por los gremios ($2.500), aumento que se gatillaría automáticamente al resto de los maestros y docentes provinciales.

Respecto al mínimo vigente ($1.840), la cifra reclamada por los gremios representaría una suba del 36% en términos porcentuales, la cual parece excesiva incluso en un contexto inflacionario como el actual.

De hecho, desde el Ministerio de Educación Nacional ya se ha dejado entrever que no se convalidaría un incremento semejante, aunque no se puede dejar de tener en cuenta el poder de negociación de los gremios docentes, que crece a medida que se acerca el inicio del calendario educativo, y electoral.

Asumiendo que el reclamo del 36% representa un “techo” para las demandas salariales, para la construcción de los escenarios 2011 incorporamos tres pautas adicionales de subas, del 20%, 25% y del 30%, más alineadas con el crecimiento previsto del nivel de precios, y que fijarían el piso salarial en $2.200, $2.300 y $2.400, respectivamente.

Impacto fiscal

en las cuentas

De esta manera, el impacto fiscal de las negociaciones paritarias dependerá del porcentaje final de la suba, de cómo se instrumente dicho aumento, y de qué nivel de gobierno financie su costo.

Es decir, el costo relativo por provincia, dependerá no sólo del nuevo piso salarial, sino de cómo se termine aplicando la suba, es decir, si se trata del establecimiento de un piso de $2.500 como garantía salarial, es decir como una suma fija no remunerativa y no bonificable, o la incorporación del aumento al salario básico docente y, por tanto, el incremento computa para el cálculo de antigüedad, bonificaciones y cargas sociales.

Las provincias lograrían alcanzar un escenario de equilibrio fiscal sí y sólo sí los aumentos salariales se ubicaran en torno al 15-16%.

Dado que parecería utópico alcanzar un acuerdo salarial semejante, el 2011 será otro ejercicio con resultado negativo a nivel subnacional. Implicando cada punto porcentual de aumento en los salarios una erogación adicional de $910 millones, observamos que los 4 escenarios previstos implicarían un costo anualizado de $18.088 millones, $22.610 millones, $27.132 millones o $32.559 millones, de acuerdo a cuál de las pautas sea la finalmente implementada.

Evolución reciente del

Salario Mínimo Docente

En el escenario de mínima, cuya suba salarial presentaría la mayor racionalidad (+20%), el gasto en personal alcanzaría los $135.700 millones, dando lugar a un déficit financiero similar al estimado para el cierre 2010 ($3.500 millones). Por su parte, el aumento del 25% llevaría el gasto en personal a $140.185 millones, que implicaría un déficit superior a los $8.000 millones anuales (0.4% del PIB4).

En el tercer caso, el gasto en personal se incrementa en otros $4.500 millones, ubicando el déficit en los $12.500 millones (0.6% del PIB), mientras que el escenario de máxima (en efecto, la pauta reclamada por los gremios nacionales) implicaría un gasto de casi $15.000 adicionales respecto al primer caso, con un incremento equivalente en el rojo fiscal, que llevaría el mismo a representar casi el 1% del PIB.

De convalidarse el último escenario, el déficit previsto ($18.000 millones) generaría un fuerte shock sobre la estabilidad de las finanzas provinciales, aunque, como observación “positiva”, se estaría lejos de los niveles alcanzados en la crisis de 2001, cuando el desbalance provincial representó el 2.4% del producto y el 17.5% del gasto devengado anual.

Respecto al indicador de gasto en personal como proporción de los recursos corrientes netos, se observa que en el escenario de mínima, el ratio se ubicaría en el 60.3% (inferior al de 2010), mientras que para los restantes casos lo haría en el 62.3%, 64.3% y 66.7%, respectivamente.

Si bien no lo superaría, este último ratio se ubicaría próximo al de la última crisis macrofiscal de 2001 (71.1%). el haber mínimo del sector a $1.490, a lo cual se sumó el mencionado incremento de $55 en el FONID durante la segunda mitad del año.

De este modo, el aumento del salario mínimo alcanzó al 19.8% a partir del 1º de julio de 2009, respecto al registrado a diciembre de 2008. Observando el gráfico, se advierte que entre 2005 y 2010, el piso salarial docente se expandió un 163% en términos nominales, pasando de $700 a $1.840 (+$1.140 en valores absolutos).