¿Existen mayorías en Política?

La apelación a “mayorías” cuando se invocan representaciones, impone detenerse en un análisis más pormenorizado y conceptual acerca de los alcances que pueda efectivamente asignarse a una expresión semejante.

Aunque suene a una total obviedad, esa primera impresión que la palabra mayoría nos brinda en cuanto a una cantidad de voluntades que superan -cuanto menos- la mitad de un determinado universo, o sea una mayoría “absoluta”, no se corresponde verdaderamente con lo que se verifica, en tanto las mayorías son por lo general “relativas”, o sea, “primeras minorías” aún cuando se ostente una diferencia apreciable con aquellas que la sigan (las otras minorías).

El resultado de las contiendas electorales muestra con elocuencia la condición antes señalada, en tanto -salvo escasas y raras excepciones- ningún candidato o fuerza se alza con un caudal de votos que los consagre como mayoría absoluta, sino relativa y contingente.

Las elecciones del domingo pasado dan perfecta cuenta de ello, pero también de otra condición, que es la volatilidad de la voluntad de una porción importante del electorado como de la ínsita variabilidad que exhiben las primarias (PASO) con las elecciones generales, sin que suponga menoscabo del valor atribuible a aquellas como tendencia.

De tal suerte que sería más apropiado hablar de la construcción de mayorías, en cuanto se las pretenda virtual o realmente “absolutas” y de los presupuestos necesarios -si bien no indefectibles- para consolidarlas, manteniéndolas o incluso acrecentándolas.

La palabra Pueblo tiene una acepción general abarcativa del conjunto de la población que integra una Nación, sin distingos y, en tanto tal, como significante de una abstracta homogeneidad que, a poco, de explorarla advertimos que no lo es en realidad.

La pluralidad y diversidad es inherente a toda sociedad, su reconocimiento y aceptación como natural no siempre se verifica, pero es un valor que, en tanto se imponga, mejora la calidad de la vida comunitaria.

La estratificación en clases sociales y su naturalización, particularmente cuando se convierten en espacios estancos que difícilmente permiten un corrimiento del lugar de origen que tocó en suerte, en cambio, constituye un disvalor que se acrecienta cuando las capas más altas se transforman y comportan como elites.

Entonces es cuando, en el campo político, Pueblo adquiere otra significación amplia, aunque más restringida, porque es identitaria de los sectores de menores recursos y menospreciados socialmente por el elitismo, que si bien incluye también a las capas medias sus integrantes no necesariamente, ni en su totalidad, se autoperciben como formando parte de aquella categoría política.

Desde esa perspectiva, lo popular implica esa identificación y un gobierno que se precie de tal debe responder en sus postulados, sus programas y sus acciones a las demandas de quienes son representados por esa concepción de Pueblo, otorgando prioritaria atención a las reclamadas por los más desposeídos.

Los oficialismos populares que acceden al gobierno con amplias mayorías, incluso “absolutas”, tienen mayores dificultades de revalidarse en las elecciones de medio término que las registradas por las fuerzas conservadoras o francamente reaccionarias, lo que no deja de resultar paradójico cuando, a su vez, son aquellos los que -generalmente- repiten la preferencia del electorado cuando vuelve a disputarse el gobierno al vencimiento de los mandatos.

Las razones o sinrazones de ese tipo de conductas ciudadanas habilitan todo tipo de especulaciones, sin que sea dable obtener una certeza acerca de las mismas y lo más probable es que no sea válida una única respuesta. Sin embargo, es factible señalar que las exigencias a los gobiernos populares son mayores, así como las expectativas que despiertan y que se acrecientan en la medida que son -aun parcialmente- satisfechas las demandas.

La ampliación de derechos es también un signo que distingue a los gobiernos populares, que importa un reconocimiento de lo que es debido pero que no deja de ser un mérito destacable y merecedor de gratitud, no por tratarse de una gracia del gobernante sino por vehiculizar una conquista muchas veces postergada y representar la concreción de una acción colectiva que exige de una decisión política que la materialice.

Luego, la incorporación de nuevos derechos se naturaliza creando la falsa sensación de que son inamovibles y que su preservación no requiere de una férrea voluntad de lucha para sostenerlos, de la continuidad de las políticas que lo hicieron posible, de la actitud crítica por todo lo que falta o no se hizo sin ceder a la tentación de enrolarse electoralmente en otras fuerzas que representan, por sus antecedentes y sus postulados ideológicos, la negación misma de ese ideario de progreso colectivo.