Jaqueado por los malos resultados electorales y acorralado por un flagelo que no parece tener fin, el Gobierno decidió enviar a más de cuatro mil gendarmes a “colaborar en el combate del delito en el Gran Buenos Aires”. La resolución termina siendo, a simple vista, un manotazo de ahogado que apenas podrá tapar con un dedo el sol: en más de una ocasión, nuestro diario dio cuenta de la gravedad de la situación en el Conurbano bonaerense, donde los índices delictivos llegaron a un punto verdaderamente insostenible.

Al respecto, el titular de la Asociación Antidrogas de la Argentina (AARA), Claudio Izaguirre, explicó a Hoy que “lo que están haciendo es tratar de solucionar el problema que ellos mismos crearon respecto de una falta de acción sobre los grupos delictivos”.

“Uno de los reclamos del votante es la falta de seguridad, pero tenemos que tener en cuenta que este Gobierno no se ha caracterizado por cuidar al ciudadano, sino al delincuente. Por lo tanto, no porque hoy pongan la Gendarmería en los distritos afines al Gobierno van a cambiar la opinión del votante. El votante ya ha tomado la decisión y ésta es no darle su voto a quien no lo ha cuidado”, aseguró.

Otra de las preocupaciones, tras conocerse la medida, radica en la desprotección del propio territorio nacional, moviendo agentes de Gendarmería a puro antojo y asignándolos en tareas que, por oficio, no les corresponden.

“Las fronteras nacionales han sido descuidadas esta última década y estos espacios han sido ganados por el narcotráfico. Seguir sacando fuerzas de seguridad en estos espacios hace que se les de mayores posibilidades al narcotráfico de afincarse en la zona norte de nuestro país, obligando, por ejemplo, a los jueces federales a dejar en libertad al narcotraficante, como ha sucedido con el juez Raúl Reynoso en Salta, que dejó a 36 narcotraficantes libres en un solo día bajo la excusa de que no había lugar en las cárceles”, indicó Izaguirre, durante la entrevista que mantuvo con este medio.

Y añadió: “Lo que está sucediendo en la Argentina es que los jueces federales, por un lado, están dejando en libertad a los grandes narcotraficantes -a los jefes de grupos de comercialización y transporte de drogas- y, a la vez, le dan una paliza de inseguridad a todos aquellos que no han sido afines al Gobierno”.

El desmantelamiento de las fuerzas de seguridad

Las nefastas políticas del kirchnerismo no sólo impactaron de lleno de puertas para afuera, sino también de puertas para adentro. Es tal el grado de desmantelamiento a nivel de infraestructura de las fuerzas armadas que más de una vez surgieron serios reclamos al respecto, ya sea por los magros salarios en Gendarmería o la falta de elementos para trabajar en todas las fuerzas de seguridad a nivel nacional.

“Lo que debería hacerse es darle garantías de seguridad al ciudadano común, al trabajador, y caer con todo el peso de la ley a quienes delinquen. Las políticas de estado respecto a este tema es la que expuso la diputada Diana Conti, para quien el ladrón no está robando, sino recuperando una parte de lo que la sociedad no le ha dado. Este concepto de la delincuencia hace entonces que las fuerzas de seguridad estén desprovistas de elementos para investigar y de todo lo que necesitan para llevar adelante su trabajo”, apuntó, en este sentido, el titular de la AARA.

El Conurbano, un polvorín a punto de estallar

Demasiado tarde se acordó el Gobierno de atender ese gran dolor de cabeza que es la inseguridad en el Conurbano bonaerense. Y lo más llamativo es que en los pagos chicos del kirchnerismo -como el municipio de Lomas de Zamora, gobernado por el K Martín Insaurralde- la realidad es todavía más preocupante.

En este contexto, según estadísticas del Poder judicial bonaerense, se pasó de 90.123 delitos denunciados por año, en 2007, a 106.035 en 2012. En otras palabras, se trata de un incremento de 15.912 denuncias penales anuales que deja al mencionado distrito entre los de mayor mayor cantidad de delitos denunciados a la Justicia.

A su vez, en Quilmes, otro de los municipios kirchneristas, los números tampoco dejan mentir: En la comuna gobernada por Francisco “Barba” Gutiérrez, se registraron 121 casos de homicidios sobre una población total de 1.333.192 habitantes -13 con menores y 14 en ocasión de robo- si se tienen en consideración las tres localidades que componen la Jefatura Departamental (Quilmes, Florencio Varela y Berazategui).

Insólito: en El Calafate una serie de robos puso en duda la seguridad

En el país, el delito no distingue ningún tipo de geografías. Por lo menos eso se pudo ver luego de que el Concejo Deliberante de El Calafate -el territorio K por excelencia- aprobara la ordenanza que declaró el estado de emergencia de la seguridad pública en la ciudad durante 12 meses.

Curiosamente, la polémica ordenanza fue aprobada pocas horas después de que una inédita manifestación de vecinos y comerciantes exigiera medidas urgentes para combatir el delito.

“Decidí convocar a una protesta porque El Calafate se convirtió en tierra de nadie. Todos los días hay un delito”, explicó el empresario turístico local, Luciano Pera, durante la entrevista que mantuvo con un matutino nacional.

El temor a los asaltos cobró tal dimensión que en las calles y en las oficinas públicas crece la preocupación de que “la emergencia de la seguridad pública” aleje a los turistas que visitan a la localidad del sur argentino.