En ese contexto, empresarios, gremialistas y funcionarios concidieron en pasar la pelota al campo del gobierno nacional, al reclamar políticas de estado para la sustitución de autopartes importadas.

Dificultades

“Paraná Metal no tiene hoy un volumen de negocios que le permita ser sustentable. Esto tiene que ver con las decisiones de las terminales automotrices de proveerse de autopartes en empresas brasileñas”, aseguró González. “Si no podemos superar esta situación, entonces estamos en serias dificultades”, admitió el empresario, tras destacar que “históricamente, esta es la primera vez que empresa y sindicato están caminando juntos con el objetivo de la reapertura de la planta”.

Si bien la Argentina atraviesa un boom de su industria automotriz y se baten récord de fabricación de vehículos, González se preguntó si “con esto le damos trabajo a los argentinos o a los obreros de los países de donde provienen las autopartes”.

Y reveló que “no han sido alentadoras” las entrevistas realizadas con clientes y potenciales compradores de autopartes en Paraná Metal. Al mismo tiempo, aseguró que la compañía está en condiciones de fabricar cualquier autoparte de fundición que usan las automotrices instaladas en el país.

En la misma sintonía, el secretario de Organización de la UOM, Leandro Del Grecco, reafirmó la intención de que la planta villense “comience a producir y se desarrolle en el menor tiempo posible”, pero admitió que al respecto no hay ninguna certeza que permita avizorar un cambio en la situación.

En coincidencia con el sector empresario, durante una reunión que está prevista para hoy con el ministro de Trabajo nacional, Carlos Tomada, el gremio planteará “la necesidad de una política de estado para las automotrices y para las plantas que, como Paraná Metal, son proveedoras de autopartes”.

“La preocupación y el riesgo latente del cierre definitivo por quiebra sigue existiendo, y por eso es necesario el acompañamiento con otras políticas, que gestionaremos en conjunto con las fuerzas vivas de la ciudad”, añadió el sindicalista.

Período de salvataje

El sombrío panorama de la mayor fábrica autopartista del país y una de las tres más importantes de Sudamérica tiene también su correlato en la Justicia, donde se tramita el expediente por su eventual quiebra. Hasta ahora sigue corriendo el plazo de un período de salvataje dictado por la jueza a cargo, que se extenderá hasta finales de abril o principios de mayo próximos.

Por estos días, el reclamo más acuciante por parte de los 600 trabajadores que no seguirán en la compañía está centrado en el cobro de sus indemnizaciones. Al respecto, González fue terminante: “El pago de indemnizaciones está atado a que exista una continuidad en el negocio”.

“Estamos abocados a la continuidad de la empresa, y el buen síntoma es que estamos caminando todos en el mismo sentido, tanto nosotros como el sindicato y el poder político, y descarto que también tenemos el apoyo de las autoridades nacionales”, remarcó el empresario.