No obstante, dijo también que “el fallo está lejos de clausurar un debate que está abierto y que, en función de la percepción general del pensamiento de la ciudadanía, su resultado se visualiza como inexorable. En todo caso –aclaró-- lo que hizo la corte es poner una piedra más en el camino de un proceso de modernización general de las instituciones democráticas que impulsa el gobierno nacional y que tiene por finalidad resguardar el poder de la ciudadanía frente a los intereses y reiterados abusos del poder concentrado; y que, más tarde o más temprano –vaticinó-- deberá suceder”.

En términos técnicos el legislador calificó el fallo en general, a excepción del posicionamiento asumido por Eugenio Zafaroni, quien aportó el único voto disidente, como “escandaloso, ya que declara inconstitucional la reglamentación de un artículo pobremente redactado como es el 114, cuya reglamentación fue deliberadamente postergada para que fuera resuelta por el Poder Legislativo en la Convención Constituyente del año 1994, cuando se crea el organismo”.

Desde el punto de vista político, Pocho explicó que “el gobierno vio en estas circunstancias la oportunidad de dinamizar un organismo que ha demostrado falencias en su funcionamiento, aportando una mayor cuota de poder a la ciudadanía sobre un poder del estado oscuro, corporativo y hasta en algunos casos, impune, en relación con sus decisiones, para democratizarlo y ponerlo al alcance del pueblo”.

Por otra parte, precisó Brizuela que “en cuanto a la reforma judicial, esta ley era sólo un capítulo, Lo esencial es mejorar el servicio de justicia, aumentar la oralidad, liquidar el procedimiento escrito, reformar el Código Procesal Penal, acercar los tribunales a los ciudadanos, entre las múltiples deudas que el poder judicial tiene que saldar con su pueblo”.

Sobre este tema Pocho se mostró optimista porque “la necesidad de una profunda reforma judicial se redobla y cuenta con una masa crítica que la apoya, inimaginable meses atrás”.

Finalmente, Pocho argumentó que “lo que resulta profundamente inconstitucional es limitar el poder político merced a un arsenal de vericuetos jurídicos que avanzan sobre el mandato que el pueblo confiere a sus representantes y que, a diferencia de lo que ocurre en el Poder Judicial, se renueva periódicamente a través del voto popular”.