Para el gobierno municipal no hubo nada irregular en el proceso de habilitación de los talleres de Inspección Técnica Vehicular que llevó adelante el Edecom y que quedó envuelto en una fuerte polémica cuando se descubrió que una de las dos empresas que comenzaron a hacer las revisiones pertenece a un dirigente accastellista y que, por lo tanto, milita en el mismo grupo político que Jorge Méndez, titular del ente municipal.

Así lo expresó ayer Claudio Miranda, secretario de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos, quien dio su informe anual ante el Concejo Deliberante. Es la primera vez que el gobierno expresa tajantemente que, a su juicio, todo el procedimiento estuvo dentro de la normativa vigente. El intendente Juan Jure, en una entrevista con PUNTAL, había sido mucho menos contundente y había asegurado que las suspicacias generadas en torno de las concesiones estuvieron justificadas.

¿Cuáles fueron esas suspicacias? El decreto 2006/10, que regulaba la aplicación de la ITV, se publicó el 12 de agosto en el boletín oficial. El Municipio no hizo publicidad para que los interesados en hacer las revisiones se inscribieran desde el día siguiente, 13 de agosto. Ese día sólo aparecieron para inscribirse dos empresas: Verificación Técnica del Interior S.A y Controles Vehiculares S.A., las dos vinculadas con el ingeniero Hugo Tello, que hasta hace pocos meses fue funcionario del intendente Eduardo Accastello en Villa María. Pero no sólo se inscribieron el primer día sino que, además, aparecieron a las 7.30 y a las 7.40. Y, para completar el panorama de las sospechas, había un aspecto adicional nada menor: únicamente iban a abrirse dos talleres en la ciudad y la selección no era por sorteo ni de acuerdo a una oferta sino por orden de aparición. Es decir, los primeros que llegaban se quedaban con un negocio de 4 millones de pesos anuales. Finalmente, Controles Vehiculares, después de haber sido preseleccionada como ganadora desapareció sin explicación.

Ayer, Miranda avaló el proceso que llevó adelante el titular del Edecom, área que está en la órbita de la Secretaría de Desarrollo Urbano.

Cuando Víctor Núñez, jefe del bloque justicialista, relató los hechos y le pidió al secretario que manifestara si el gobierno iba a transparentar el sistema y si va a actuar de acuerdo a la Carta Orgánica, es decir si llamará a licitación pública, Miranda defendió la labor de Méndez: “Desde el Ejecutivo siempre estamos abiertos a todas las propuestas. Pero creemos que el proceso se encuadró en la normativa vigente, a los procedimientos que deben hacerse y, por lo tanto, que se ajustó a derecho. Además, como se judicializó lo que hacemos como funcionarios nos ponemos a disposición de los fiscales para aclarar todo lo que haya que aclarar”.

El martes, los bloques de la Coalición Cívica y el Frente de la Gente denunciaron el caso de la ITV en la Justicia y le pidieron al fiscal Julio Rivero que investigue si hubo delito en la conducta de los funcionarios que llevaron adelante el proceso.

Además, en las últimas horas, el Tribunal de Cuentas rechazó un expediente en el que el Edecom pedía autorización para comprar las obleas destinadas a los talleres de la revisión técnica. Lo hizo con el argumento de que el gasto ya se realizó. Además, los miembros del órgano de control -incluidos los del oficialismo- puntualizaron que, a su juicio, el sistema debe ser adjudicado a talleres que participen en un proceso de licitación pública. Miranda aseguró que el Tribunal de Cuentas se confundió porque las obleas que van a comprarse son para 2011 y no las que ya se entregaron en 2010.