Esos fueron algunos de los fundamentos por los que los miembros de la Sala III de la Cámara Penal, Dante Julio José Ibáñez, Carlos Caramuti y Emilio Páez de la Torre, dispusieron que el fiscal de Instrucción de la IV° Nominación, Diego López Ávila, investigue al ex secretario de Seguridad Eduardo Di Lella, a los ex jefe y subjefe de la Policía Hugo Sánchez y Nicolás Barrera y al ex comisario Héctor Brito, por el presunto encubrimiento agravado, falso testimonio y abuso de autoridad, del crimen de Paulina.

La semana pasada se conocieron los fundamentos de la sentencia que se dictó el 18 de diciembre del año pasado, en la que se condenó a Enrique García y a Manuel Yapura por encubrimiento agravado y a Roberto Lencina por falsedad ideológica de instrumento público. Ambos trabajaban en la comisaría de Raco cuando el cuerpo de Paulina fue encontrado a la vera de la ruta 340, en la localidad de Tapia, y adulteraron el acta en la que constaban las circunstancias del hallazgo.

Paulina desapareció el 26 de febrero de 2006 y su cuerpo fue hallado el 11 de marzo de ese año. Di Lella, Sánchez, Barrera y Brito (los dos últimos ya están imputados por encubrimiento) fueron testigos durante el juicio por la falsificación de las actas.

Héctor Brito

“Con respecto al comisario Héctor Rubén Brito las declaraciones como imputados de García y Yapura, lo involucran como el ejecutor de un posible plan preconcebido para borrar todas las pruebas e indicios que pudieran surgir del hallazgo del cuerpo de Paulina Alejandra Lebbos”, dijeron los magistrados en el fallo.

Brito, que era jefe de la Regional Norte, habría permitido que intervenga en el hallazgo personal de la comisaría de Raco, cuando el lugar en el que estaba el cuerpo era jurisdicción de la comisaría de Vipos. Además, habría permitido que se inventen diligencias investigativas respecto de remiseros rurales, falsos rastrillajes, inserción de declaraciones testimoniales falsas y con firma apócrifa. “Hechos estos que parecen tener el propósito de alterar las huellas del delito y dificultar su investigación posibilitando la impunidad del mismo y sus autores”, dice en la sentencia.

Sánchez y Barrera

Respecto a los entonces jefe y subjefe de la Policía, la sala III valoró que las pruebas que se produjeron en el juicio permiten sospechar que no fueron ajenos a las maniobras de García y Yapura, bajo la posible dirección de Brito.

“Esa posibilidad se avala por la total arbitrariedad con que actuaron en sede administrativa, permitiendo y promoviendo los ascensos de Brito y especialmente del comisario García en violación de las normas reglamentarias, las que manipularon para permitirlos y el posterior retiro de los mismos de la institución policial con derechos jubilatorios, llegando Barrera a visitar a García cuando estaba detenido en Gendarmería Nacional para llevarle tranquilidad y pedirle que haga lo mismo con su familia”, versa en la sentencia.

Di Lella

En cuanto a Di Lella, los camaristas recordaron que el ex funcionario dijo que se había trasladado al lugar del hallazgo por indicación del entonces ministro de Seguridad, Pablo Baillo. Este, sin embargo, negó durante el juicio haberle dado tal instrucción.

“Resulta además llamativa su concurrencia inmediata al lugar, pese a manifestar que tenía un importante compromiso familiar y a que dijo que no se le precisó que el cuerpo hallado perteneciera a Paulina Lebbos.... además que dispuso medidas respecto del lugar del hallazgo e incluso que pretendía hacer levantar el cuerpo, lo que produjo una discusión con el fiscal Alejandro Noguera”, consideró la Sala III. “Su presencia en el lugar es a todas luces difícilmente explicable si para él se trataba de un cuerpo anónimo”, agregaron los camaristas.