El gobernador Oscar Mario Jorge pareció darle la razón a los funcionarios del Banco de La Pampa, luego de que el fiscal de Investigaciones Admnistrativas, Juan Carlos Carola, emitiera una resolución en la que obliga al presidente del BLP y a los directores del capital estatal a presentar declaraciones juradas de bienes.

Hasta ahora, los directivos y el presidente se negaban a cumplir esa presentación aduciendo que no eran funcionarios públicos. Jorge dijo esta mañana que “los directores del Banco de La Pampa mandan la declaración jurada al Banco Central todos los años”.

“A lo mejor es más práctico, pero hay que ver si los alcances de la Ley de Fiscalía de Estado considera a los directores del BLP como funcionarios públicos”, advirtió el mandatario provincial.

Y finalmente, remarcó que “esto es una discusión bastante vieja” pero que de todas formas “no hace al problema porque los directores presentan (las DDJJ) ante el Banco Central”.

Carola les otorgó un plazo de dos meses para realizar la presentación. La resolución 737/13 -del 3 de octubre pasado- confronta con una larga cadena de antecedentes a través del STJ y del Tribunal de Cuentas, que consentía la negativa a presentar declaraciones juradas de bienes.

El Banco de La Pampa, a la hora de contestar el requerimiento de la Fiscalía de Investigaciones, sostuvo que “el BLP es una sociedad de economía mixta de derecho privado que tiene por objeto actuar como banco comercial minorista en los términos de la Ley de Entidades Financieras”.

Esta interpretación le sirve además a los funcionarios del BLP a no presentarse ante otros requerimientos de la FIA. Por ejemplo, en el expediente donde se investigan sobreprecios en la contratación de artistas por parte del Estado provincial, la exdirectora Laura Galluccio se ha negado sistemáticamente a responder ante cada requerimiento, ya que los fondos habrían salido del BLP.

Asesorías

Jorge, además, se refirió a la polémica por el veto a la Ley 2733, sancionada la Cámara de Diputados, donde se recomendaba que los tres poderes del Estado deben contratar “en forma preferente” los servicios de asesoría de la UNLPam.

Para el gobernador, esa ley “es inconstitucional”, según dijo hoy.

“La Consitución rige las funciones de los poderes. Las funciones son propias de cada poder y sostienen el equilibrio. Si un poder avanza sobre el otro, está rompiendo las prescripciones constitucionales. Vamos a suponer que yo dicto un decreto creando una carrera en la Universidad y dando los planes de estudio. El Consejo Superior va a decir que estoy loco”, detalló.

Luego explicó que a su entender “no es tan en sí la cuestión de fondo, si no que la administración general de la provincia y la facultad de reglamentación la tiene el gobernador; el otro poder no puede delegar funciones que no tiene”.

En los considerandos del veto, el gobernador aducía que la norma “colisiona con la Ley de Contabilidad” y dijo que los diputados ponían a la provincia “en estado de gravedad institucional”.