En ese tiempo, recordó que “veníamos del modelo de los años ’90, cuando el hombre debía tener 70 años para jubilarse, si es que poseía los aportes porque a veces llegaba a la edad sin los aportes así que no podía jubilarse. En esa época existía la pensión a la vejez, además de la invalidez y madre de siete hijos, y pudimos hacer un trabajo social maravilloso, con Junín y otros 29 municipios”.

“Había gente que hacía hasta nueve años que esperaba una pensión y nunca les llegaba, pero pasaron a que en dos o cuatro meses la tenían”, agregó.

Ahora, sobre la situación actual planteada en torno al quite de pensiones, Farías opinó que “en este último tiempo he recibido muchas consultas porque han hecho estragos dando de baja y suspendiendo pensiones a la  invalidez. Al menos cuando estuve yo jamás las otorgamos sin una causa justa”.

“Resucitaron un decreto de la década del ’90 que estipula que si hay un determinado ingreso al núcleo familiar, a la persona discapacitada o incapacidad laboral no le corresponde la pensión. O por tener un automóvil de determinado modelo, también quedan afuera de estos beneficios”, criticó.

Ejemplos locales. En lo que hace a ejemplos locales, Farías mencionó que “hablé con el señor Martínez del barrio Solidaridad, que estaba cobrando una pensión por invalidez dado que tiene un problema severo de salud, y su ex esposa se jubiló, correspondiéndole el PAMI, pero al no estar divorciado legalmente y al contar con esta obra social, le sacaron el beneficio. Este hombre se quedó sin nada”.

“También hay un nene de 5 años que tiene cuadriplejia, y como el papá cobra 22 mil pesos, le sacaron la pensión”, se quejó, y apuntó que “está el caso de dos hermanos que viven en la misma casa, con un auto modelo 2015, a quien le suspendieron la pensión”.

“Para este Gobierno, una persona discapacitada, con invalidez o madre con siete hijos no tiene derecho a tener obra social, un auto o un familiar que cobre más de 20 mil pesos. Es una falta total de sensibilidad y criterio”, agregó.

Según su opinión, “en estos casos, para suspender un beneficio tiene que haber una comunicación previa, una citación, un previo aviso, una visita de una asistente social para comprobar las condiciones... no se puede suspender y excluir del sistema. Hay 83 mil pensiones suspendidas y dadas de baja durante este año 2017, que eran para personas que hoy son los nuevos pobres, además de seguir sobrellevando su invalidez”.

Excluidos. Finalmente, Oscar Farías dijo que “habría que revisar cada caso. Supongamos que hay alguien mal pensionado, debe mandarse a hacer un certificado médico en el Hospital y luego con médicos de Desarrollo Social que investigan la patología. Son sujetos de derecho, así que estamos ante personas que pierden derechos adquiridos, que están consagrados por leyes”.

“En Junín mil personas que quedan sin la pensión, excluidas del sistema, muchos miles y millones de pesos que no ingresan a la ciudad. Son los nuevos excluidos que no van a poder comprar indumentaria ni calzado, ni van a ir al supermercado”, analizó.