“La Policía tiene que detener en la peatonal, tiene que actuar”, dijo. Argumentó que la venta callejera constituye “un delito” por lo que los policías tienen que intervenir. “Ante el delito, no actúa un inspector. Actúa un policía”, señaló. Y avivó el fuego al comparar con lo que sucede en el Paseo del Buen Pastor, hecho por la Provincia: “¿Por qué en el Paseo del Buen Pastor no hay vendedores ambulantes? Porque la Policía los saca, porque es delito (…) Así como actúan en el Buen Pastor, tienen que actuar en toda la ciudad”, indicó Giacomino. “Nosotros tenemos que andar contratando policías y los policías no actúan”, agregó. Dijo que los policías no tienen armas para retirar a los vendedores. Eso denuncian también los inspectores municipales.

El jefe de la Policía de Córdoba, Alejo Paredes, salió a responderle al intendente. Dijo que está para colaborar, pero que la tarea le corresponde al municipio. Un dato para no soslayar: Giacomino adeuda más de dos millones de pesos a la Policía en concepto de adicionales.

Los especialistas explican que la venta callejera no es un delito, sino una infracción y que como tal, es el municipio el que tiene el poder de sanción. Ahora, si el municipio sospecha que esa mercadería es robada o falsificada, debe hacer la denuncia y el fiscal evaluará si corresponde o no la detención de quien comercializa.

El freno a la venta ambulante no es fácil, más cuando se calcula que hay unos 300 puestos en la ciudad. Giacomino está presionado por los comerciantes, que se quejan por competencia desleal. Un comercio paga Ingresos Brutos, cargas sociales, IVA, alquileres y Ganancias (o monotributo). Nada de esto pagan los ambulantes, quienes además, venderían en algunos casos mercadería falsificada o de contrabando.

Por la tarde, el gobernador Juan Schiaretti y Giacomino participaron juntos en un acto en el municipio donde presentaron 150 cuadras pavimentadas. Minutos antes, acordaron bajarle el perfil al tema: Giacomino se fue sin hablar y Schiaretti rehusó referirse al tema.