“¿Cabe alguna duda que los acusados actuaron tolerando los delitos de lesa humanidad cometidos por los policías del D-2?”, se pregunta el fiscal federal Carlos Gonella en su requisitoria de la causa por los magistrados que se desempeñaron durante la última dictadura. En el documento apunta duramente contra los responsables del Poder Judicial de aquellos años, en tanto que asegura que ofrecieron una garantía de impunidad para el terrorismo de Estado.

La causa que está desarrollándose en Córdoba a cargo del juez Daniel Herrera Piedrabuena tiene como imputados al ex juez federal Miguel Ángel Puga, el ex fiscal federal Antonio Cornejo, a los ex defensores oficiales Luis Eduardo Molina y Ricardo Haro, y a Carlos Otero Álvarez, secretario penal del fallecido juez Adolfo Zamboni Ledesma.

Bajo el subtítulo: “La garantía de impunidad ofrecida por miembros del Poder Judicial durante el terrorismo de Estado”, Gonella denuncia que la dictadura contó en Córdoba con la complicidad de la Justicia federal, en tanto que se “adecuó y consintió sin más el plan sistemático de represión y aniquilamiento de la denominada ‘subversión’ imperante en aquellos años, acompañando sea por acción u omisión ese proceder delictivo”.

El fiscal señala que la obligación de investigar de los funcionarios públicos “debía ser asumida como un deber jurídico propio”. Sostiene que era el juez quien debía iniciar la acción de oficio “en caso de tomar conocimiento de la comisión de un delito, debiendo para ello dictar un auto o providencia que ordenase proceder a su averiguación y al descubrimiento de los responsables, determinando las primeras diligencias y a la vez, comunicando al titular de la acción penal pública para que éste ejerciera los deberes correspondientes a su ministerio”.

Para el letrado, la Justicia federal no sólo omitió investigar y encubrió, sino que también tomó parte de los delitos. “De los hechos investigados surge que, no obstante las innumerables denuncias de desapariciones y/o homicidios, torturas, abusos sexuales, privaciones ilegales de libertad, allanamientos ilegales, entre otros numerosos delitos que se cometieron durante aquellos años, no hubo un solo funcionario de las fuerzas de seguridad que fuera investigado por la comisión de esos hechos”, asegura en otro fragmento.

De acuerdo a lo que se plantea en la requisitoria, no importaba si los familiares de las víctimas denunciaban los tormentos, o si se tomaba conocimiento de un crimen en condiciones dudosas, siempre las causas eran archivadas o sobreseídas sin que hubiera una investigación.

“En lo que respecta a las privaciones ilegítimas de la libertad, no existe constancia de que los miembros del Poder Judicial Federal de Córdoba hayan hecho lugar a un solo habeas corpus”, dice el fiscal que considera: “A pesar de las innumerables presentaciones de los familiares que recurrían a dicho instituto y de las sobradas constancias de que las víctimas eran ilegalmente detenidas”.

Según Gonella, el comportamiento de los acusados, “que prima facie podría considerarse insensible, indiferente, analizado en profundidad, teniendo en cuenta el contexto y su reiteración en el tiempo”, da cuenta de una actuación sistemática con un “marcado carácter delictivo”, en tanto que muchas de las víctimas estaban bajo su disposición.

“No puede perderse de vista que en la sentencia de la causa UP1 se tuvo por cierto que tales muertes en realidad fueron ejecuciones sumarias programadas”, recuerda el letrado sobre el fallo del juicio de 2010. Sostiene que fueron aniquilamientos encubiertos, por los que los familiares luego no tuvieron respuestas concretas de lo que había sucedido, ni se tomaron medidas para investigar los hechos, y sostiene que los miembros de la Justicia “se negaron a investigar la comisión de los ilícitos perpetrados por el aparato represivo, allanando el camino para su realización”.

Juicio al represor riocuartense

Mañana se conoce el fallo de Bahía Blanca

El Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca dará a conocer mañana, en horas de la tarde, la sentencia en el juicio oral que se realiza en esa ciudad por delitos de lesa humanidad cometidos durante el último gobierno militar, y donde se encuentra el riocuartense Mario Méndez entre los imputados.

Cabe recordar que el representante del Ministerio Público Fiscal solicitó, en su alegato, la pena de prisión perpetua para el represor riocuartense, al igual que para Osvaldo Bernardino Páez, Hugo Jorge Delme, Juan Manuel Bayón, Jorge Enrique Mansueto Swendsen, Jorge Aníbal Masson, Hugo Carlos Fantoni, Walter Bartolomé Tejada, Norberto Eduardo Candal, Jorge Horacio Granada, Carlos Alberto Taffarel, Héctor Arturo Gonçalves, Vicente Antonio Forchetti y Héctor Jorge Abelleira.

En tanto, el fiscal pidió 25 años de prisión para Héctor Luis Selaya y Reynaldo Miraglia, mientras que solicitó 21 años para Carlos Alberto Contreras.

Por otro lado, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y las otras tres querellas también solicitaron la pena de prisión perpetua para aquellos 14 imputados, pero la secretaría requirió 20 años de prisión para Selaya, Miraglia y Contreras, y las querellas pidieron 17 años de prisión para Contreras y 17 años y 6 meses de prisión para Selaya y Miraglia.

El juicio oral se lleva adelante en el marco de la causa denominada “Bayón, Juan Manuel y otros”, donde se investigan crímenes contra los derechos humanos cometidos en perjuicio de 90 víctimas en el área del V Cuerpo del Ejército, vinculado al centro clandestino de detención de “La Escuelita”.

En la causa se investigan los delitos de privación ilegal de la libertad agravada, reiterada, aplicación de tormentos reiterada y homicidio agravado reiterado.

El tribunal está integrado por los jueces Jorge Ferro, José Mario Triputti y Martín Bava.