El fiscal federal Alberto Lozada pidió la pena de 15 años de prisión para los cuatros militares retirados acusados de ser los responsables de la trágica explosión de la Fábrica Militar de Río Tercero ocurrido el 3 de noviembre de 1995.

La semana pasada, la querella había reclamado 17 años de prisión para Jorge Antonio Cornejo Torino, Marcelo Gatto (eran autoridades de la fábrica), Carlos Franke y Edberto González de la Vega (conducción nacional de Fabricaciones Militares).

Ayer fue el turno de los alegatos por parte del Ministerio Público Fiscal Federal en el emblemático debate que se ventila desde agosto en el Tribunal Oral Federal Nº 2.

En sus conclusiones, Lozada recordó el primer momento en que tomó contacto con la causa, coincidentemente con la primera elevación a juicio. Recordó que en esa oportunidad que colega de Río Cuarto, por entonces el fiscal federal Roberto Massuet, había solicitado la elevación a juicio con una descripción de los hechos que indicaba «que todo había comenzado con un incendio».

Lozada sostuvo que esa definición había sido inapropiada como gran parte de la etapa instructiva inicial, hecho que recalcó tuvo un vuelco fundamental cuando el caso recayó finalmente en el TOF 2, y se concretó la instrucción suplementaria.

«Esto fue producto de una extensa cadena de responsabilidades», dijo.

Agregó que no fue un accidente ni descuido, sino fruto de un aparato organizado de poder necesario para encubrir la faltante de proyectiles y municiones que tenía el Ejército a raíz de la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia.

Uno por uno

El fiscal hizo un detallado repaso de las responsabilidades de cada uno de los acusados. Al respecto, expresó que Cornejo Torino estaba al frente de la dirección de la Fábrica, lo que le permitía tener un dominio.

El día de la explosión no se encontraba, que había preparado las “condiciones ideales” para cometer el delito. 

Lozada hizo referencia al subdirector Oscar Quiroga, que la noche previa a la explosión ordenó remover un camión cisterna que estaba estacionado fuera del predio de la Fábrica Militar, justamente para el sector donde fue la onda expansiva.

Sobre Carlos Franke, por entonces director de Producción de Fabricaciones Militares, Lozada iundicó que era conocedor del movimiento de todas las fábricas que había en el país. Era quien impartía las órdenes y recibía el informe del stock, la calidad y la cantidad de productos que había en cada una de ellas.

Finalmente sobre De la Vega, encargado de Coordinación de Relaciones Laborales de Fabricaciones y el director interino de Río Tercero tras la voladura, el fiscal consideró que tenía conocimientos de toda la operación militar. Agregó que fue el encargado de concentrar y llevar la documentación tras la explosión.

Operación ilegal

«La fábrica de Río Tercero fue el eje clave de una operación ilegal y delictiva. Es inadmisible que las defensas de los acusados indiquen que dicha operación era ignorada», recalcó Lozada en su alegato.

El descontrol -en materia de depósito y contable-, el manejo de la situación y el conocimiento de los imputados del supuesto delito de  “estrago doloso agravado” fueron un común denominador para Lozada, que favoreció a la operación decidida desde la propia cúpula de Fabricaciones Militares.

Más temprano, en el inicio de la audiencia de la víspera, el fiscal federal riocuartense Guillermo Lega sostuvo que las pruebas fueron claras y contundentes al referirse a la intencionalidad, planificación y programación de las explosiones.

Fuego intencional

En el primer tramo de los alegatos, el representante del Ministerio Público Fiscal Federal destacó las pericias químicas, que demostraron el inicio intencional del fuego, el que podría haber comenzado a través de un dispositivo como un teléfono celular.

Recalcó que la explosión fue direccionada y planificada por personas con vasto conocimiento, ya que ocurrió justo en sentido contrario al lugar que se encuentran la plantas de Atanor y Petroquímica, al igual que el barrio militar.

Por otra parte, Lega hizo referencia a las graves anomalías descubiertas en las pericias contables, lo que demuestra los nefastos registros que tiene la Fábrica Militar, en favor del tráfico ilegal de armas.

Los registros oficiales indican que en Río Tercero existían 72.405 proyectiles y municiones, pero desde Fabricaciones Militares reconocieron poco más de 58 mil. «La explosión permitió borrar los registros», dijo Lega.

Recordó que los testigos hablaron de camiones que ingresaban y salían con armamento, con o sin papeles. 

Agregó que varios operarios describieron que en las semanas previas de la explosión del 3 de noviembre de 1995, el movimiento era intenso, y realizaban tareas como el borrado de los escudos nacionales en distintos proyectiles, municiones y armas. Esto coincide con lo descripto oportunamente en el juicio del caso “Armas”, en el que tres de los cuatro acusados también fueron juzgados y condenados.

Los alegatos continuarán hoy y el próximo martes con las conclusiones de los defensas. En principio, el miércoles 17 el TOF 2 podría dictar sentencia.