Para los feriantes, perjudicará también a compradores

Para los feriantes, perjudicará también a compradores
Desde la Feria de La Salada de Lomas de Zamora, manifestaron su rechazo al proyecto de ley del gobierno bonaerense de regulación de la radicación de "saladitas", que determinará los requisitos que deben cumplir y advirtieron que no sólo perjudicará a los feriantes sino “también a los compradores”.
“Es una payasada. Están sacando miles de puestos de trabajo”, sostuvo en diálogo con Info Región Jorge Castillo, administrador del paseo de compras Punta Mogotes.

Luego de que la Legislatura bonaerense aprobara un proyecto para suspender la habilitación de nuevas ferias comerciales, conocidas como “saladitas”, por seis meses, feriantes de la región salieron a cuestionar el proyecto presentado por el gobierno de Daniel Scioli que busca determinar las condiciones que deben tener este tipo de emprendimientos.

“Es una payasada. Van a llegar los 180 días y no van a hacer nada. Además no sólo están haciendo la ley para que no habiliten las ferias, sino que están sacando miles de puestos de trabajo a personas que quieren hacerlo”, advirtió en diálogo con Info Región, Jorge Castillo, administrador de la Feria de Punta Mogotes.

“A veces me discriminan porque trabajo en La Salada, pero soy un laburante como cualquiera. Cuando se destruyó la producción nacional en los 90 tuve dos opciones: ir a vivir a la miseria o seguir produciendo zapatos y me fui a la feria a vender los trabajos que hacía. Comencé a vender de a poco hasta poder salvarme gracias a la feria”, indicó Orlando, un trabajador de La Salada, que también se opuso a la iniciativa que se encuentra en debate.

Punta Mogotes es una feria que se encuentra en Ingeniero Budge, que cuenta con más de cinco mil lugares de venta y según indicaron los feriantes, “hay más de 600 mil trabajadores directos e indirectos que se abastecen y conectan con otros stands, o con otros comerciantes fuera del ámbito de la feria”.

“Los legisladores hacen la ley para perjudicarnos a nosotros y a los compradores ya que no abren emprendimientos parecidos a La Salada. Entonces la gente tiene dos opciones, o compra ropa en los locales de ropa y no llega a fin de mes, o va a La Salada y lleva sus cosas con precios accesibles”, apuntó Castillo.

El 26 de mayo, Scioli envió a la Legislatura el proyecto de ley de regulación de la radicación de ferias conocidas como "saladitas", que determinará los requisitos que deben cumplir y que establecerá que sólo podrá haber una por municipio.

El proyecto fija pautas como la separación entre los locales, la cantidad de baños, vestidores o probadores que deben funcionar cada cierta cantidad de comercios, y el espacio que debe contemplarse para estacionamientos de autos y circulación de los clientes.

Estipula, además, que los administradores de dichos paseos deberán "actuar como agentes de retención y/o percepción de todos los tributos provinciales y municipales".

El proyecto establece que serán alcanzados por la norma "todos los establecimientos de comercialización de múltiples puntos de venta minoristas y/o mayoristas de rubros varios, mayoritariamente textil y calzado que ocupen un área superior a los 300 metros cuadrados cubiertos".

El texto establece las superficies máximas que cada emprendimiento podrá tener de acuerdo a la cantidad de habitantes de cada localidad en la que se radique y prohíbe la instalación de estas ferias en zonas donde no existan servicios públicos esenciales como agua corriente y cloacas.

Además, determina que deberán contar con una superficie mínima de 30% de lo que ocupe el paseo "para estacionamiento de vehículo" y otra "superficie de espacios o pasillos para la circulación de sus clientes y áreas de sanitarios, en un porcentaje que no deberá ser inferior al 40% del total del predio".

Los paseos que poseen más de 200 puestos de venta "podrán funcionar únicamente hasta un máximo de tres días por semana y hasta 12 horas diarias de atención al público".

La instalación de las "saladitas" fue suspendida en todo el territorio provincial por 180 días, plazo en el que se estima que se aprobará el marco regulatorio que fija las normas para su funcionamiento.

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