A partir del primer día hábil del próximo 2011, todo proveedor del estado provincial, si quiere seguir siendolo, deberá estar al día con los impuestos provinciales, desde el día que firma el contrató hasta que percibe el pago por los servicios o insumos vendidos. Esta modificación al Código Tributario se introdujo conjuntamente con el proyecto de presupuesto que ingresó el pasado lunes a diputados. La iniciativa apunta a tratar de obstruir las posibles vías de escape legales que grandes proveedores del estado, encontraron para ser proveedores, cobrar por los servicios proporcionados a la provincia y evitar cumplir con sus obligaciones tributarias.

Concretamente se modificará el artículo 110 bis de la norma. Este último expresa que “no podrán contratar con el estado provincial, los contribuyentes que tengan deudas vencidas por los impuestos a cargo de la Dirección General de Rentas”. La modificatoria propuesta por el ejecutivo y la que será aprobada sin cambiarle una sola coma por los diputados, sostiene que “los contribuyentes que tengan deudas exigibles a favor de la Dirección de Rentas, no podrán contratar con el estado provincial, por sí, ni a través de terceros, ni efectuar cobranza alguna derivada de este tipo de contratos”.

Concretamente cabe destacar que los contratistas del estado no deben tener ningún tipo de deuda exigible por rentas. De esta manera si una empresa constructora quiere prestarle servicios al estado, deberá tener los impuestos inmobiliario de sus bienes al día, el impuesto automotor de sus vehículos al día e ingresos brutos con declaraciones juradas presentadas y al día.

“Hay un numero de importantes contribuyentes en la provincia, con una gran capacidad de pago, que están incumpliendo con sus obligaciones fiscales. Es por ello que a partir de la modificación que estamos proponiendo se establece que cualquier pestador de servicios del estado deberá estar al día no solamente al momento de contratar, sino también cuando valla a cobrar sus acreencias va tener que demostrar que esta al día con el estado provincial”, aclaró el titular de Rentas Adrian Villegas.

Este cerrojo fue diseñado por un solo caso que le terminó costando a la provincia más de $700.000. Luego de ello se comenzó a trabajar con los cuerpo de asesores para ver la forma constitucional de exigir el pago de los impuestos y evitar que los grandes contribuyentes sigan siendo prestadores estatales y deudores del fisco a la vez.

Cabe tener en cuenta que estas exigencias rigen para los proveedores del estado que le facturen más de $4.000. Para quienes no llegan a esa cifra, por entenderse que son casi su totalidad monotributistas muy bajos, no debe implementarse esta exigencia nueva.