Barcelona

Ansa, Ap, Télam

En el inicio del juicio que enloda a la Corona española con un sonado caso de corrupción, la defensa de la infanta Cristina, la Fiscalía y la Abogacía del Estado pidieron que la hermana del rey Felipe VI no sea juzgada por los delitos de evasión fiscal que se le imputan en el marco del caso que enfrenta junto con su esposo, Iñaki Urdangarin, y otras 16 personas. “Solicitamos la nulidad del auto de apertura de juicio oral en lo relativo a Cristina de Borbón”, dijo Jesús Silva, uno de los abogados de la hermana del monarca, quien llegó a señalar que no debe ser juzgada argumentando que “es una pesadilla jurídica” que se encuentre tratada como un reo común.

La defensa sustentó jurídicamente su demanda valiéndose de la llamada Doctrina Botín, una figura pergeñada por los abogados del fallecido empresario financiero Emilio Botín, dueño del Banco Santander. Esa argucia legal, que es la última carta que tiene a su favor la infanta para salvarse del proceso, dice que si el Fiscal y el Abogado del Estado –que en este caso es el perjudicado por el delito fiscal– no efectúan una demanda, una acusación popular sola no puede sentar a alguien en el banquillo. La organización Manos Limpias, que ejerce la acusación popular y es el único querellante, reclama para Cristina una pena de ocho años de cárcel y una multa de 2 millones de euros por los delitos que se le imputan.

“El bien jurídico protegido  es el patrimonio de la Hacienda Pública en su dimensión recaudatoria, más allá del interés general, por lo que debería acusar la Abogacía estatal como perjudicada directa”, argumentó Silva en la primera jornada del juicio oral, en la que se abordaron las “cuestiones previas”. Alineándose con la defensa, y amparándose en la misma jurisprudencia, el fiscal anticorrupción, Pedro Horrach, también solicitó el sobreseimiento de Cristina. “La única respuesta judicial posible para la infanta es el archivo de la causa”, dijo.

Según el procurador, juzgar a la infanta “es quebrantar la igualdad y discriminarla de forma injustificada”. Por eso, espera que el tribunal “devuelva la Justicia al lugar que le corresponde”. La abogada del Estado, Dolores Ripoll, se sumó al show y destacó que para abrir juicio por un delito fiscal es obligatorio que acusen la Abogacía estatal o la Fiscalía, algo que a pesar de las evidencias del caso, no ocurrió. “No existe acusación pública en materia tributaria”, sostuvo, solicitando que no se legitime la acusación de Manos Limpias. Ripoll remarcó que la frase “Hacienda somos todos”, que es uno de los principios en los que se basa la acusación, es “un slogan publicitario sin rango jurídico”.

Sin embargo, la abogada de Manos Limpias, Virginia López Negrete, defendió la idea de que la ley no establece ningún límite a su actuación. Según su criterio, hay una diferencia entre la infanta y Botín, y es que este sólo fue acusado y la causa fue sobreseída en su totalidad. López Negrete advirtió finalmente que sacar a la Infanta del banquillo “perjudica a la justicia española y es un gravísimo ataque a las instituciones del Estado, empezando por la Corona, y a la propia infanta, que quedará estigmatizada.”