La entidad cuestiona los cambios por imponer situaciones ya discutidas en el pasado, por ejemplo, cuando en 1994 la Convención Constituyente definió que los representantes de los jueces en el Consejo de la Magistratura debían ser electos por jueces, y lo mismo con abogados, académicos y científicos. Una definición que para la entidad hace “a la naturaleza técnica del órgano”.

La institución que representa a los letrados de la primera circunscripción de la provincia considera necesario “mantener intacta la división de poderes y la garantía de independencia del Poder Judicial”. Para ello pide se preserve al sistema con jueces que ya tienen legitimación democrática en la Constitución Nacional. “El Poder Judicial es también parte del gobierno de una República, pero el tercio de poder que se le encomendó ejercer no quedó sometido a la regla de las mayorías electorales”, se afirma en un documento difundido ayer.

Además critica que la elección de jueces se haga a través del voto popular, porque así “se extenderá la influencia de los partidos políticos en el Poder Judicial”.

La entidad sustenta su posición en la síntesis de opiniones de sus integrantes, diferenciándose del camino escogido por la Nación: “Se debatió en reuniones abiertas y plurales, y los colegas se pronunciaron al respecto”.

Los abogados “lamentaron que no se aplicara ese principio en el proceso de elaboración y tratamiento parlamentario en reformas trascendentes del funcionamiento del Poder Judicial”.

La fractura de un equilibrio

En disconformidad con la modificación del número y las reglas para la elección de los miembros, el Consejo de Abogados plantea que debe respetarse el equilibrio en la representación porque con la elección popular de jueces, abogados y académicos o científicos ese equilibrio se fractura. Así como con la modificación del número de integrantes porque se amplía la cantidad de académicos y científicos a seis, conserva los tres para abogados y para jueces, y mantiene la representación de siete para órganos políticos.

También se pronuncia en contra de la modificación de la mayoría necesaria para seleccionar, acusar y sancionar a los magistrados, que pasó de los dos tercios a la simple mayoría. “La independencia de los magistrados se resiente perniciosamente cuando su nombramiento o su destitución pende en el inicio de los procedimientos para perfeccionarla, de una mayoría baladí en cuya conformación prima además el sector político”, enunció.

Los amparos

En cuanto a la regulación de medidas cautelares contra el Estado nacional, se critican los límites por tornarlas “inoperantes o inalcanzables”. Para la entidad “son herramientas esenciales para garantizar el acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva”.

La objeción también alcanza a la exigencia de notificación al Estado “porque su naturaleza es de sorpresa”. Además se cuestiona que los requisitos sean tantos que hagan casi imposible prosperar un planteo y en cuanto al límite temporal de seis o tres meses se lo califica de “irrazonable”.

Tiempos prolongados

Respecto de la creación de las cámaras de casación el Consejo también se mostró en disconformidad “porque prolonga procesos judiciales, sumando una instancia entre las Cámaras de Apelación y la Corte Suprema, recortando su calidad como último interprete interno de la Constitución Nacional”.

Además se señala que los justiciables deberán afrontar los gastos que implica transitar por un tribunal que estará radicado en la Capital Federal: “No se amplían derechos ni se favorece a los sectores más vulnerables cuando se impone una nueva instancia de litigación concentrada en una sola ciudad del país, generándose contrariamente más desigualdad entre los litigantes según sean sus recursos económicos y lugar de residencia”, prosigue el planteo.