El concejal Gustavo Alvarez (PI) adjudicó la decisión del intendente José Eseverri de promulgar la parte de la ordenanza que aumenta la alícuota de la Tasa por Explotación de Canteras, conocida popularmente como "Impuesto a la Piedra", del 2 al 3 por ciento a "un análisis más profundo" de la cuestión por parte del oficialismo y descartó que hubiera existido cualquier tipo de maniobra política detrás.

Admitió que "teniendo en cuenta que el intendente José Eseverri en los últimos tiempos había vetado sistemáticamente todas las ordenanzas que no habían sido apoyadas por su bloque, sinceramente pensé que este proyecto también iba a terminar con un veto".

Recién llegado de sus vacaciones, se encontró con la novedad de que el intendente José Eseverri daría vía libre a la suba del Impuesto a la Piedra para las grandes cementeras, lo que calificó de una "muy buena noticia que me endulzó la llegada" a Olavarría.

El concejal intransigente fue el principal impulsor de la iniciativa que finalmente fue acordada por los bloques y votada con la oposición del oficialismo. El aumento de la alícuota del Impuesto a la Piedra constituye un hecho histórico, ya que el Concejo Deliberante decidió tomar en sus manos una decisión que a lo largo de varias décadas tradicionalmente se había tomado en otros ámbitos.

Sobre el particular, Gustavo Alvarez remarcó que "el Concejo Deliberante saldó una deuda de la democracia" ya que la alícuota en vigencia había sido establecida "por la dictadura militar". Esto ocurrió en 1980, cuando las cementeras intentaron terminar con un tributo que siempre habían pagado bajo protesto argumentando que era inconstitucional y era una doble imposición.

Después de un movimiento comunitario del que participaron todas las entidades intermedias locales, el gobierno de facto fijó la alícuota en el 2 por ciento, la que se mantuvo hasta ahora.

Alvarez desestimó que las empresas puedan tener éxito si cuestionan la legalidad de la medida: "de los seis meses de trabajo de la Comisión Especial creada para analizar el tema, se dedicó la mayor parte del tiempo a analizar las cuestiones legales".

Recordó además que "el principal punto de discusión pasaba por la potestad del Concejo Deliberante para aumentar la alícuota. Desde 1983 hasta ahora cada vez que alguien hablaba de modificar la alícuota enseguida saltaba alguien y decía 'no se puede'. Por eso todo fue analizado exhaustivamente por un grupo de gente que milita conmigo. Se buscaron todos los antecedentes legales".

Agregó que "finalmente, todo ese trabajo fue plasmado en dos dictámenes. El primero fue el de los controles, porque ahora habrá controles y no solamente la declaración jurada de las empresas. Esto fue votado por unanimidad en el Concejo".

Destacó que hubo "un importante aporte de profesionales de la agrimensura, que ya habían trabajado sobre la cuestión y habían presentado un estudio en 1995".

El otro dictamen "que no tuvo unanimidad, fue el del aumento de la alícuota. El oficialismo votó en contra. No discutía la justicia del tributo, pero tenían dudas legales".

Alvarez indicó que "yo dije, y está en la versión taquigráfica, que entre el 28 de diciembre y el 14 de enero, cuando se realizó la Asamblea de Mayores Contribuyentes, el oficialismo debía profundizar el análisis y cambiar su voto. Lo pedía sinceramente. Pero cuando en la sesión del 14 mantuvieron su oposición, pensé que el proyecto se encaminaba al veto".

Por eso cree que el Ejecutivo "leyó el proyecto con mayor cuidado. O habrán realizado más consultas. Creo que todos los argumentos que están volcados en el expediente son bastante categóricos".

En cuanto a las conjeturas sobre una posible maniobra del oficialismo para atraerlo con vistas a las próximas elecciones, lo descartó de plano. "Soy de los que creen que las cosas son más sencillas -dijo-, a mí ni se me cruzó por la cabeza esa posibilidad. Basta pensar que diez días antes el Intendente vetó todos los artículos que yo había introducido en el Presupuesto, que eran el subsidio para Bomberos; una partida de 300 mil pesos para reactivar el tema del traslado de la playa de maniobras del ferrocarril y destinar un fondo de diez millones de pesos para lo que creo sigue siendo una de las grandes necesidades de Olavarría: la vivienda".

Entre los motivos que pudo tener José Eseverri para abrir la puerta al aumento del Impuesto a la Piedra puede incluirse, reflexionó Alvarez, que "se trata de un ingreso importante, que este año serán once millones ochocientos mil pesos, pero que también será la misma cifra, o similar, el año que viene, y el siguiente y sucesivamente. Se trata de un ingreso permanente, porque las grandes cementeras tienen caliza por mucho tiempo. Y eso es importante para cualquier gobernante".

En el mismo sentido, sostuvo que "esta decisión del Concejo Deliberante es muy beneficiosa para Olavarría. Eso lo debe haber comprendido el oficialismo. Siempre puede haber coincidencias puntuales aunque tengamos en general visiones diferentes".

En cuanto al veto del Intendente a los artículos referidos a la distribución en las localidades serranas de los ingresos extra generados por el aumento del tributo, Gustavo Alvarez recordó que "yo no voté esos artículos. Básicamente, creo que el concepto que se utilizó de que el dinero debe volver a dónde se generó es erróneo. Si llevamos este razonamiento al extremo ¿qué le damos al barrio de la Escuela 6 por lo que genera? ¿qué deben recibir los barrios pobres de Olavarría"?.

Planteó además que "tomemos el caso de Sierras Bayas. Loma Negra paga mucho más por Loma Negra y L'Amalí que por la planta de Sierras Bayas ¿qué pasa si seguimos con ese razonamiento?".

Señaló que "es indudable que los pueblos de la zona serrana han estado olvidados durante mucho tiempo. Eso es lo que se debe corregir. Hacer las obras que necesitan, pero no distribuir un tributo con ese concepto erróneo".