La empresa presentó, por medio de sus abogados, una propuesta en el Ministerio de Trabajo para el pago de la deuda que mantiene con los trabajadores. Luego de analizarla, los operarios hicieron una contraoferta a la que ahora deberá responder Papelera.
Cinco fueron las horas que duró ayer la audiencia conciliatoria entre los abogados de Papelera Azuleña y los trabajadores, en un nuevo intento por encontrar solución al conflicto que arrastran por la falta de pago de haberes y también de la abultada deuda que mantiene con ellos desde hace tiempo.
Durante el encuentro, que se desarrolló en la sede local del Ministerio de Trabajo, Papelera -representada por los abogados Germán Vena y Alejandro Olivera- hizo un nuevo ofrecimiento de pago escalonado, y con él el reinicio de las actividades el 1º de julio próximo.
Luego de escuchar la propuesta, en la misma vereda del Ministerio los empleados realizaron una asamblea y decidieron solicitar que aumente la suma ofertada por los abogados para volver a trabajar. Ahora la decisión vuelve a estar del lado de la empresa.
Mientras tanto, la situación de los trabajadores es sumamente delicada. Según comentaron, muchos no pueden hacer frente al pago de cuestiones básicas y cada vez se les complica más el panorama.
Frente a esto, y a partir de los dichos de uno de los socios de la firma, no descartarían formar una cooperativa si todo sigue tan sombrío como hasta ahora.
La propuesta de la empresa
El delegado de los trabajadores, Rodolfo Acosta, fue consultado ayer al término de la audiencia y explicó que el alcance de la propuesta de la empresa.
En este aspecto, señaló que la oferta comprende el pago de 1.500 pesos para que vuelvan a trabajar. Una vez que se retome la producción -que ellos propusieron se produzca el 1º de julio- se abonarían las quincenas devengadas de los plazos que establece la legislación vigente.
La oferta incluye además que a los 60 días de estar trabajando, la empresa abonaría mediante pagos mensuales las quincenas adeudadas. Dicho pago no superará el 70 por ciento de los sueldos correspondientes a la quincena que se abonaría en ese momento, comenzando a hacerse efectivo con la primera quincena adeudada que corresponde a septiembre de 2009.
En lo que hace a los demás conceptos reclamados por los trabajadores, como una suma no remunerativa de 600 pesos, escolaridad o vacaciones 2008/2009, se abonarían en cuotas mensuales no superiores a 500 pesos.
Al finalizar el pago de esto y de las quincenas devengadas, proponen abonar las quincenas correspondientes al período de suspensión.
La postura de los trabajadores
Una vez conocida esta nueva oferta, los trabajadores realizaron una asamblea en las puertas de la sede del Ministerio.
De los 25 empleados que tiene la empresa, ayer a la mañana se concentraron 19 (3 más habían comprometido su presencia pero no pudieron llegar), y resolvieron que "aceptaríamos el plan de reactivación industrial, pero queremos que esos 1.500 pesos sean superados, porque esa suma no nos soluciona la vida. Después de 70 días sin cobrar, ya estamos todos tratando de hacer otras cosas estamos pasando por muchas carencias".
En esta línea, marcó que todos los trabajadores tienen familia "y están pasando por una muy mala situación económica. Todos se tienen que alimentarse, pagar servicios y así no se puede seguir".
Lo que solicitan es que en lugar de esa suma, la empresa les pague 7.000 pesos a cada trabajador para reiniciar la actividad, lo que representa menos del 50 por ciento aproximadamente del total de la deuda (según los casos y los haberes que perciben).
Además, solicitan "una garantía suficiente" para el efectivo cumplimiento de todo lo propuesto.
Advirtió que esta contrapropuesta fue firmada por los 19 trabajadores presentes y que resta que lo hagan 3 más que también estaban de acuerdo en el pedido.
Acosta añadió que "ahora tienen que tomar ellos una decisión. Más de lo que hemos hecho, no podemos. En estos dos años nosotros siempre cumplimos los acuerdos firmados en el Ministerio de Trabajo. Ellos no, por eso pedimos una garantía".
Por último, el delegado de personal apuntó que "hacemos todo esto porque estamos agobiados económicamente, y muchos trabajadores no tienen con qué alimentar a sus hijos. Es que después de 70 días sin cobrar, hay necesidades básicas que no se pueden cubrir. Ellos (por los abogados y los titulares de la empresa) lo toman muy a la ligera, que arreglan hoy o mañana, pero nosotros ya no podemos aguantar más esta situación".
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