La devaluación inesperada y una innegable contracción del consumo, llevaron a que la conflictividad se presentara como una característica del 2014
En Salta, paralelo al conflicto docente, se suman los pedidos para que el salario acompañe a la inflación. Desde que el paro policial de finales del año pasado marcó la cancha respecto a lo que necesitaría un trabajador medio para subsistir sin achicar considerablemente su consumo, las gobernaciones de todas las provincias del país, así como también la central, comprendieron que el 2014 no sería sencillo en lo que respecta a la paz social.
A partir de allí se sucedieron los problemas en los gremios estatales, que tras celebrar paritarias y percibir que esta vez las bases no se achicarían frente a un panorama ya achicado en la economía estatal direccionada al consumo, es decir y como remarcan los partidos de izquierda, no aceptarían ser el pato de la boda en un año de marcada recesión. Si bien el de los docentes se convirtió en el conflicto sobresaliente en Salta, no es el único sector que puja por incrementar los salarios de sus trabajadores.
Azucareros, peajistas, bancarios, judiciales y otros de formalidad en transición, como los remiseros y en algunos casos los taxistas, presionaron o se encuentran presionando para atenuar la crisis estacionaria que se asentó sobre el año preelectoral. Desde el Gobierno provincial, y mientras se desarrollaba el conflicto docente, se buscó mantener reuniones con otros sectores de la administración pública, para intentar frenar posibles acoplamientos que tornaran más complicado el panorama de la conflictividad social en Salta.
Los focos al respecto, fueron también atacados rápidamente desde la cartera laboral, en estricta relación con el titular del Ministerio de Economía, Carlos Parodi, quien a su vez es el coordinador de Ministerios, pero esencialmente es quien puede redestinar partidas a salarios. Ante ese panorama, el incremento del 5% al sueldo básico, fue aplicado a toda la administración pública, como gesto de conciencia gubernamental en torno al hecho de que durante los primeros meses del año se produjo una licuación de las subas otorgadas a fines del 2013.
Conflictos recientes
Los más recientes y notables conflictos salariales que se produjeron en la provincia de Salta, son los que abarcan a los trabajadores del azúcar del ingenio San Isidro, que si bien negocian con una empresa privada, no hacen por sumar a la paz social, como lo pusieron de manifiesto durante el 2011 los trabajadores de El Tabacal, cuyo conflicto terminó interesando directamente al Gobierno que tuvo que intervenir para aplacar las medidas de fuerza que cortaron la ruta durante semanas.
El paro de los trabajadores del San Isidro, inició el 4 de abril pasado, y hasta la fecha ya se produjeron varias reuniones con los directivos o representantes de la empresa, sin que se llegara a buen puerto. Recientemente, desde la empresa emitieron un comunicado donde expresan que “desde el Ingenio San Isidro se realizaron numerosos esfuerzos para encontrar soluciones que permitan dejar atrás la crisis que genera el paro de actividades, sin poder alcanzar hasta el momento un acuerdo con los representantes sindicales”.
Los empresarios también remarcan que “de la lista de reclamos presentada por los representantes del sindicato, conformada por diez puntos, se dieron respuesta a la mayoría de ellos y se invitó a los representantes sindicales a tratar en una mesa de diálogo los restantes”, aseguraron desde la empresa y agregaron que “a pesar de los esfuerzos realizados por el Ingenio San Isidro y la intervención de la Secretaría de Trabajo de la Provincia y la Justicia Provincial, a través del Fiscal de General de General Güemes, todos los trámites para llegar a un acuerdo fueron infructuosos”.
Judiciales
Durante la semana, los empleados del Poder Judicial, iniciaron reclamos salariales y medidas de fuerza, lo que generó la intervención del Ministerio de Trabajo, que dictó la conciliación obligatoria. Los judiciales, a través del secretario general de la Agremiación de Empleados Judiciales, Oscar Lafuente, aceptaron la convocatoria. Lafuente reconoció como una buena medida buscar el diálogo a través de la conciliación, ya que de acuerdo a lo manifestado, la decisión de parar actividades, había sido tomada debido a la falta de respuesta de la patronal. Los pedidos del sector pasan por acortamiento de plazos del convenio salarial y el traspaso de los contratados a planta permanente.
Previo al llamado a conciliación, desde la cartera laboral se había declarado ilegal la convocatoria al paro de los judiciales, debido a que no había sido informada formalmente. Costello dijo que la no comunicación de una medida de fuerza acarrea sanciones: "Los sindicatos deben entender, que cualquiera sea la medida de fuerza, deben ser informada formalmente a la Unidad administrativa de Trabajo y no a través de los medios de comunicación".
Debido a la falta de ese paso legal, la conciliación fue llamada de oficio y se encuentra actualmente en curso, por lo cual los judiciales no pueden realizar medidas de fuerza y se citó a los representantes gremiales y a la patronal para discutir los parámetros que no se consideran cumplidos. La primera reunión de esa instancia conciliatoria se producirá el próximo lunes, a las 9 horas, en el Ministerio de Trabajo de la provincia. Entre los pedidos el sector solicita aumento de salario, incorporación de trabajadores a planta permanente y el incremento de personal en las áreas del Ministerio Público que están a cargo de las causas por microtráfico.
Rodolfo Prémoli, director de Administración de Ciudad Judicial, aseguró que están en condiciones de adelantar el pago del 7% para el mes de julio, el cual estaba previsto para el mes de agosto. "Nos parece que esto va a ayudar y estamos dispuestos al diálogo", indicó Prémoli. Agregó que lo dispuesto, iguala lo ofrecido por el gobierno provincial a los empleados de la administración pública y destacó que desde el año 2008 se cumple a "rajatablas" con el pago de los aumentos dispuestos.
Taxistas
Otros que realizaron medidas de fuerza durante la semana, fueron los taxistas nucleados en la Federación de Taxis, que pidieron que se sanee el sector de la ilegalidad.
Néstor Olivera, uno de los delegados de los taxistas dijo que el reclamo es para que haya una "limpieza" de remises ilegales del centro de la ciudad y de la terminal de ómnibus. "A simple vista todos saben dónde están y en la terminal ofrecen sus destinos", dijo. Asimismo agregó que vienen con recaudaciones muy bajas, que afectaron el bolsillo de los trabajadores de volante durante el mes pasado.
Los taxistas decidieron llevar su protesta a la sede de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), donde fueron recibidos por el titular de la entidad, Rafael Resnick Brenner. Resnick Brenner dijo que la reunión fue positiva ya que se reanudó un diálogo que nunca debió cortarse. Aclaró que la problemática no solo es de carácter tributaria por lo que es necesaria la participación de otros sectores en la mesa de discusión.
El titular de AFIP - Salta explicó que existen dos temas importantes dentro de la problemática tales como la diferenciación de la actividad, ya que existen otras similares, y la regularización del sector dentro de lo que es el sistema del monotributo de seguridad social con algún plan de pago que se está estudiando en el área central. Con la promesa de esperar entre 10 y 12 días por respuestas concretas para el sector, el Frente Salteño de Taxistas suspendió la manifestación programada para el martes.
La clausura de las agencias de remis que funcionan ilegalmente y el control de la Policía Vial sobre los remises que ingresan al centro para levantar pasajeros, fueron los dos pedidos concretos que los taxistas realizaron al titular de la AMT, Marcelo Ferrari y otros funcionarios públicos, hasta tanto lleguen a un acuerdo definitivo. Por su parte, Resnick se comprometió en extender el plazo de 5 días para el pago del monotributo y trabajar sobre un plan de pago con el que los taxistas puedan regularizar su situación.
Constructores
Un grupo de empleados de la construcción, pertenecientes a la empresa Ilarent, manifestaron en las puertas del IPV por deudas salariales. El reclamo es por los salarios de 3 meses adeudados por una empresa particular que hacía obras de viviendas en Bº El Huaico y en Atocha. “Fuimos a la UOCRA. De ahí nos dicen que vayamos al IPV que es el que debe resolver nuestro problema. Del IPV alegan es un conflicto privado. A la única persona que conocemos de Ilarent era un ingeniero llamado Raúl Paggani, no conocemos a nadie más de la empresa”, manifestaron voceros de los manifestantes.
Al respecto, durante la semana, intendentes de la provincia advirtieron sobre obras impagas. Se trata del pago de obras de canalización y encauce realizadas a varios municipios durante el año 2012 y 2013 por parte de empresas privadas. Javier García Vázquez, secretario de Hacienda del municipios de Potreros, denunció la falta de pago por parte del Gobierno de la Provincia a empresas privadas quienes durante los años 2012 y 2013 realizaron obras de encauce y canalización de ríos en distintos municipios de la provincia. García Vázquez explicó que desde el Foro de Intendentes se presentó una nota destinada al ministro de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos, Carlos Parodi, solicitando una pronta solución al tema ya que las empresas iniciaron medidas judiciales contra los municipios.
Sostuvo que ante el incumplimiento por parte de la provincia provocó que los contratistas informaran que hasta buscarían quitar el porcentaje de participación que reciben los municipios perjudicando las arcas de cada lugar. Estas y otras manifestaciones, dan cuenta de que durante lo que resta del año el desafío será mantener baja la conflictividad social sin que esto comprometa la estabilidad financiera del Gobierno, lo que se constituirá en un delicado equilibrio.
Conflictos en la Dirección de Tránsito
Durante la semana, los empleados de la Dirección de Tránsito municipal se manifestaron pidiendo que se saque del cargo al titular del área, Carlos Caruso. El pedido también incluyó que se determine una autonomía en los controles de tránsito. Dardo Martínez, delegado de empleados de tránsito se refirió a la problemática y explicó que el reclamo de autonomía es en relación al convenio con la Policía de la Provincia que implica un trabajo conjunto con la Vial. “Se están equivocando los roles. Peligra la fuente de trabajo y la autonomía municipal”, opinó. El empleado dijo que el secretario de Tránsito, Carlos Caruso ignora la problemática y por ello le piden se retire de su cargo. Además alegan que es muy soberbio y no atiende a los empleados.
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