Según el estudio, que difundieron fuentes gubernamentales, La Pampa gastó 1725 pesos, mientras que en primer lugar se ubica Tierra del Fuego, con 3853 pesos, y en segundo puesto Santa Cruz, con 3529 pesos. En el extremo contrario, en la provincia de San Juan no alcanzaron los $700, y en Santiago del Estero y Chaco los $800.

El Instituto difundió el estudio a partir del auge en los medios de la temática de la inseguridad. Y analizó el rol de los gobiernos provinciales. Durante 2013 las 23 provincias argentinas y CABA gastaron en conjunto $43.327 millones en política de seguridad, lo que equivale al 1.63% del PBI nacional.

Esta cifra es ligeramente superior a la observada en 2012 (1,60%), más es significativamente mayor a las observadas en años previos. En efecto desde 2008, las provincias incrementaron su contribución a la seguridad de los ciudadanos en términos del PBI nacional - en un 6.6% promedio anual. De esta forma el gasto provincial en seguridad pasó de constituir el 1.18% del PBI a conformar el 1.63%, un 37.85% más, según subrayó el informe.

En términos del gasto consolidado, también se observa un compromiso general tendencialmente creciente de la inversión subnacional, donde se destacan los años 2011 y 2012: en 2011 las provincias incrementaron la participación del gasto en

seguridad en un 6,4%, y en 2012 lo hicieron nuevamente en un 5,8%.

Sin incluir los aumentos salariales que las provincias otorgaron a fines del año pasado a la policía, en términos de fondos disponibles para la seguridad la inversión creció “como mínimo un 2,3% promedio anual entre 2008 y 2013”.

Si bien la tendencia general ha reflejado un compromiso cada vez mayor a la seguridad jurisdiccional, el análisis entre jurisdicciones está marcado por fuertes disparidades. Durante 2013, las jurisdicciones de Santa Cruz (13,3%), Córdoba (12,5%), Buenos Aires (12,3%) y Santa Fe (10,7%), fueron las que comprometieron mayor proporción de fondos a seguridad. En el extremo opuesto, las provincias que menos se comprometieron fueron Santiago del Estero (5,3%), Formosa (5,4%), CABA (5,6%), Chaco (5,7%), San Juan (5,8%), La Rioja (6,1%) y Catamarca (6,2%).

Otras jurisdicciones que se han destacado por su fuerte compromiso entre 2008 y 2012 son Tucumán, Misiones y Santa Cruz, con tasas de crecimiento promedio anual de 17,9%, 35,1% y 38,96%.

El caso inverso es reflejado por Santiago del Estero, Formosa, Chaco, La Rioja y Entre Ríos, las que manifestaron reducciones en este indicador a tasas que van desde -1,2% (Formosa) a -6,6% (Entre Ríos).

En términos per cápita las disparidades entre jurisdicciones son aún más marcadas. Si se considera el gasto consolidado en seguridad per cápita, se estima que cada habitante percibió en promedio $1.027 en concepto de seguridad en 2013, por parte de los gobiernos subnacionales. Sin embargo solo tres jurisdicciones observaron cifras relativamente próximas a ésta: Salta, con $973 por habitante, Santa Fe, con $1.039 por habitante y Formosa, con $1.067 por habitante.

En cuanto a la distribución de los fondos provinciales destinados a seguridad por habitante de cada jurisdicción en 2013, en las sureñas de Tierra del Fuego y Santa Cruz estas cifras superaron los $3.500 por habitante, en la provincia de San Juan no alcanzaron los $700, y en Santiago del Estero y Chaco los $800.

Estos datos equivalen a decir que mientras el 1% de la población del país (localizada en Tierra del Fuego y Santa Cruz) percibe en promedio $3.633 en servicios de seguridad, el resto de habitantes percibió menos de la tercera parte, $999.

“Claramente, existen importantes sesgos en lo referido al compromiso a la seguridad jurisdiccional entre provincias, tanto si se considera la proporción del gastocomprometido a tal fin, como la cantidad de fondos que cada ciudadano percibe en

materia de política de seguridad”, señaló el informe.

“Sin lugar a dudas las provincias han hecho, y continúan haciendo, un importante esfuerzo en materia de seguridad jurisdiccional. Sin embargo, aún resta mucho por hacerse, no sólo en materia de continuar gestionando un mayor y, por sobre todo mejor, política de seguridad, sino también en lo vinculado a homogeneizar criterios a la hora de gestionar fondos destinados a la política de seguridad”, afirmó el informe en sus conclusiones.

“En efecto, una asignación arbitraria y heterogénea vuelve menos competitivas a unas provincias respecto de otras, impactando directamente en la seguridad local, e indirectamente en la localización de recursos humanos y de capital, en la

competitividad de su producción y, en definitiva, en el desarrollo de sus economías”, completó.