En comunicación con El Comercial, Isaías López, uno de los referentes de la protesta explicó que: “ya es una decisión de la gente pero los caminos ya están todos abiertos. Ahora cuando lleguen las camionetas de salud (ambulancias) ya van a dejar todo liberado”.

Agregó además que están esperando el resultado de las negociaciones pero que estima que todo va a terminar cuando lleguen los vehículos que habían solicitado. En referencia a si esta medida obedecía a algún inconveniente con el diputado Vizcaino, explicó que: “Vizcaíno nunca vino a dialogar con nosotros, si él hubiera venido los primeros días quizás esto se habría arreglado pronto pero jamás apareció. Todo lo que diga Vizcaíno y que el supuestamente da como información no es cierto”.

Dijo también que los funcionarios que intercedieron para crear un nexo con el gobierno fueron, José Fernández del PAMI, Víctor Fernández y el intendente de Juárez, Cristino Mendoza. Habrá que esperar la llegada de los móviles para por fin, destrabar una situación que lleva meses y que ha perjudicado no solo a las empresas explotadoras de Palmar Largo, sino a todos los pueblos de influencia.

Piden bajar la

“intolerancia”

Por su parte, miembros del área de Derechos Humanos y Grupos Minoritarios de la Defensoría del Pueblo, que la semana pasada, estuvieron trabajando durante dos días con todas las comunidades originarias y también poblaciones criollas del departamento de Ramón Lista, consideraron que “la apertura y conformación de “espacios de diálogo” entre las diversas partes y el Estado dieron un alto resultado positivo, a las distintas cuestiones planteadas en el Departamento antes citado y a la fecha se pueden observar las efectivas consecuencias”.

En este contexto, se hizo entender y advertir que “las medidas de fuerza; ya sean cortes de ruta, caminos, afectaciones a servicios públicos esenciales como la energía eléctrica, el agua potable y cajeros automáticos, se constituye en elementos necesarios e indispensables para mantener y proteger una mejor calidad de vida, tanto para los aborígenes, como para los criollos que viven en las diferentes localidades y comunidades del citado departamento”.

El Defensor José Leonardo Gialluca, expresó que, no se puede perjudicar y ser intolerante, para con toda una comunidad, bajo pretextos de tal o cual postura, de diversos sectores, puesto que la salud pública, los servicios públicos esenciales, sucursales bancarias, son patrimonio de todos y el acceso a los mismos, no puede ni debe ser restringido por grupos”.