Sin contar todavía con la autorización del gobierno nacional para emitir bonos de deuda, el Municipio tuvo que pagar el 14 de marzo algo más de 5 millones de pesos por los juicios que hace más de una década iniciaron empleados municipales por las sumas en negro dentro de sus salarios. El dinero salió del Anticíclico Fiscal, un fondo creado para cubrir situaciones de emergencia que toma la mayor parte de sus recursos del 12% de la coparticipación que recibe el Municipio.

El monto total es de $5.188.463 y alcanza a 136 agentes de un mismo expediente. Si bien es el segundo pago por los juicios, es el primero que alcanza a tantos empleados y que pega fuerte en las cuentas municipales. El año pasado se había pagado la primera sentencia, por un total de 172 mil pesos a cuatro empleados.

El Municipio no tenía previsto pagar los juicios con fondos del presupuesto. La estrategia era tomar deuda en un paquete que incluye varios millones para obra pública. Tras un intenso debate sobre las obras que se pretendía financiar -no hubo planteos respecto del pago de los juicios-, la emisión tuvo el aval del Deliberante a mitad de 2012 y, en diciembre, de la Legislatura. Resta el visto bueno final de la Subsecretaría de Relaciones con las Provincias, el organismo del gobierno nacional encargado de evaluar todos los aspectos relacionados con las autorizaciones de deuda.

"Los necesitamos"

"Hoy por hoy, los necesitamos. La ordenanza prevé un 20% de variación en la emisión. Si tuviéramos que emitir para los no remunerativos, podríamos hasta $50 millones. Y los otros $150 milllones también pueden variar en ese porcentaje. La norma lo permite, pero aún no sabemos qué vamos a hacer", admitió el secretario de Economía y Hacienda del municipio, José Luis Artaza, que la semana pasada viajó a Buenos Aires para realizar los últimos trámites ante Nación.

La estimación oficial es que las sentencias irán saliendo entre lo que queda de este año y todo el 2014, y el objetivo es, al menos, contar con los bonos para reponer lo que se vaya sacando del Fondo Anticíclico y de los recursos propios. Lo que se busca es no afectar la buena salud de las cuentas municipales, que con una deuda pública apenas por encima de los $17 millones exigible en el corto y mediano plazo y sin créditos a futuro, cerraron con superávit en 2012. Así lo refleja el balance que se presentó el 27 de marzo en el Concejo Deliberante, con un positivo de $50.915.901, lo que marca un fuerte contraste con los $36 millones a la baja de 2011.

Casi diez años de trámites

Los empleados municipales presentaron las primeras demandas en el año 2000, aunque el conflicto se originó mucho antes. Fue en 1992, durante la gestión de la ex intendenta Derlis Kloosterman, que se instauró una suma en negro en los haberes. Seis años más tarde comenzaron los primeros reclamos adminitrativos. En 2004, durante el segundo gobierno de Horacio Quiroga en el municipio, se blanquearon las sumas no remunerativas, pero los juicios ya estaban en marcha. Un año más tarde, el Tribunal Superior de Justicia de la provincia falló a favor de los trabajadores. El Municipio pospuso el pago con dos estrategias paralelas: por un lado, acudió en queja a la Corte Suprema de Justicia, y por el otro, comenzó a negociar un acuerdo extrajudicial con los empleados. El reclamo de 2.466 agentes que estaban en condiciones de ir a la Justicia representaban aproximadamente $150 millones. Casi un presupuesto municipal.

El expediente se trabó en la Corte. En 2007 se firmó el primer acuerdo extrajudicial, al que se plegaron 1.806 municipales, que resignaron un 50% del capital exigible. El Municipio se hizo cargo de todos los costos, incluido el de los abogados, y pagó, con financiamiento del Instituto de Previsión Social Municipal, cerca de 40 millones de pesos. Fue el primero de varios acuerdos para financiarse que realizó Quiroga con la Caja Previsional. Pero más de 500 rechazaron las condiciones y continuaron a la espera del fallo judicial. Tras una reapertura de la oferta en 2009, quedaron 541 municipales sin arreglar. A estos debe pagarles el total del monto reclamado, tal como lo indicó la Corte el 23 de diciembre de 2011, cuando rechazó el reclamo que en 2005 había presentado el Municipio. La definición judicial demoró ocho años.